La persona que mejor conoce el caso del desahucio en Tacoronte de Antonio Méndez Toledo, de 76 años de edad, y Berta Ferreiro Rodríguez, de 73, es su actual abogado de oficio, José Manuel Pérez Luis, y su pronóstico no puede ser más desolador: "En un mes estarán en la calle". El letrado que defiende a este matrimonio llegó al caso cuando ya no había posibilidad de recurso y lamenta que muchas cosas no se hicieran bien en el momento adecuado: "Ahora solo les queda la posibilidad de pedir responsabilidades a quienes no les defendieron o asesoraron de la forma correcta, pero existe una sentencia firme, de obligado cumplimiento, que deja claro que su casa ya no es suya, sino del vecino denunciante".

Ese vecino es Urbano Hernández García, quien inició el pleito y se quedó con su casa cuando el Juzgado se la adjudicó por el 60% del valor de subasta.

"El viernes logramos posponer el desalojo durante 30 días, debido a sus problemas de salud, pero la realidad es que una vez pasado ese plazo, estarán en la calle", sentencia Pérez Luis.

"No existe más posibilidad de prórroga y la realidad legal es que ya han perdido su casa, y ahora se quedarán allí en precario hasta las 9:30 horas del 29 de noviembre, y llegado ese día todos los enseres del domicilio se considerarán abandonados".

El abogado plantea que "ahora se podía iniciar un nuevo procedimiento para pedir responsabilidades a los que no llevaron este asunto de la forma correcta. Este caso estuvo en manos de cuatro abogados y varios peritos a los que se podría pedir responsabilidad por defectuosa defensa. Está claro que hay cosas que no se hicieron bien, que existen pruebas periciales mal realizadas, pero ya es tarde para corregir o revisar un procedimiento civil que, al contrario que uno penal, no tiene vuelta atrás una vez se cumplen los plazos".

"Ya no quedan salidas procesales. Cuando he querido arreglar las cosas ya era tarde", reconoce.

El abogado no considera que la jueza responsable del caso haya actuado de forma incorrecta ni que sea justo hablar de un error judicial: "El procedimiento en primera y segunda instancia ha sido impecable, ya que la jueza ha dictado sentencia en base a las pruebas que tenía delante. El problema es que se ha juzgado sin contar con alguna evidencia clave, que no fue aportada a tiempo, y que tampoco se presentaron los recursos oportunos en su día", recalca.

Cuando habla de prueba clave, este abogado de oficio se refiere a la antigua foto aérea que él mismo descubrió y que demuestra que la casa de Antonio y Berta se construyó primero que la del vecino denunciante, Urbano Hernández. Esa simple foto desmontaba la acusación de Urbano: era imposible que la vivienda de Antonio y Berta se apoyara sobre los cimientos de la suya, ya que la de sus vecinos se construyó primero. La mentira se descubrió, pero se descubrió tarde.

"Los informes periciales están llenos de fotos aéreas, pero nadie miró atrás, a pesar de que era obligación de abogados y peritos conocer que existían imágenes antiguas en un archivo público. La foto se tenía que haber esgrimido en el momento oportuno", señala.

"Evidentemente han existido cosas raras, como la valoración de los cimientos, pero se han dejado pasar los plazos procesales. También hay peritos que asesoraron a Antonio que hicieron un trabajo impresentable", lamenta.

José Manuel Pérez anuncia que no está dispuesto a llevar el caso de reclamación de responsabilidades a los anteriores asesores de Antonio y Berta por la excesiva atención mediática, lo que obligará a este matrimonio a solicitar otro abogado de oficio.

La demanda que se planteará ante el Tribunal Supremo es un intento por seguir peleando, pero sus posibilidades de éxito son prácticamente nulas, según expertos en derecho consultados por EL DÍA.