El discurso repetido en cientos de ocasiones por los miembros del Gobierno de Canarias de que en lo último que se recortaría sería en Sanidad y Educación está cambiando y en la actualidad en el propio seno de la Consejería de Sanidad se da por hecho que el próximo año habrá que "hacer reformas e incluso cerrar servicios y proceder a despidos si hay nuevos recortes por parte del Estado", según manifestó la propia directora general del Servicio Canario de Salud (SCS), Juana María Reyes, durante la Mesa Sectorial celebrada esta misma semana y donde reconoció no tener más margen en caso de que haya que seguir disminuyendo los fondos disponibles por indicación del Gobierno central a las comunidades autónomas.

Y es que aunque el discurso de los tres últimos consejeros de Sanidad del Gobierno de Canarias siempre ha sido el de que su área sería la última en tocarse, lo cierto es que desde 2008 hasta la actualidad el presupuesto ha menguado en cerca de 500 millones y se han realizado disminuciones significativas de personal, servicios e instalaciones operativas, si bien hasta el momento el impacto en la calidad asistencial no ha sido notorio, tal y como admiten los propios profesionales.

Así, solo entre enero y junio de este año, se ha prescindido de cerca de 2.000 trabajadores eventuales que se hacían cargo de cubrir las bajas del personal fijo y de reforzar los servicios sobrepasados por la lista de espera, a lo que habría que sumar la disminución del sueldo de todo el personal sanitario en más del 7%, el aumento de la jornada laboral -que pasó de 35 horas a 37 horas y veinte-, y la pérdida de hasta 17 días libres, lo que ha colocado a la plantilla "en una situación desesperada", como no han parado de denunciar públicamente todas las fuerzas sindicales y que ha llevado a los trabajadores a manifestarse casi ininterrumpidamente todas las semanas en la puerta de los principales centros hospitalarios.

A estas medidas habría que sumar la de la centralización de las compras y la reducción del gasto farmacéutico, gracias a la aplicación de medidas como la receta electrónica, el nuevo copago y la generalización del principio activo.

Pese a todo, el Gobierno de Canarias ya advierte de que si las exigencias del Estado a las comunidades autónomas no se relajan a corto plazo, al Servicio Canario de Salud no le quedará más remedio que cerrar servicios y realizar nuevos ajustes para poder abordarlos, algo que las fuerzas sindicales critican fuertemente.

"Estamos de acuerdo con que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene contra las cuerdas a las autonomías e incluso se puede afirmar que las está asfixiando económicamente, pero no les dice de dónde han de sacar el dinero, así que si en Canarias se recorta próximamente en Sanidad es porque el Gobierno canario ha decidido que sea de esa partida y no de otras", recordaba esta misma semana tras el encuentro con la máxima responsable del SCS el secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO, José Alonso Rodríguez Tapia, que considera que una posible solución sería "un Pacto Social por la Sanidad que la blindase frente a los recortes presupuestarios, garantizase los servicios y diera estabilidad y seguridad a los ciudadanos".

Para Intersindical Canaria "el Gobierno de Canarias trata de lavar su mala imagen ante la ciudadanía y seguir desmantelando los servicios públicos acusando al Estado de obligarle a ello", según palabras de su portavoz, Patricia Hernández, para la que "no hay voluntad alguna de salvar la sanidad y garantizar la calidad", recordando que su formación sindical ha presentado en varias ocasiones una propuesta que contempla cien posibles medidas que permitirían al Ejecutivo contar con suficientes fondos para no tener que sacarlos de las partidas sanitarias.

En lo que tanto los sindicatos como la propia Consejería de Sanidad coinciden es en que será "muy difícil, por no decir imposible" que para el próximo año los fondos disponibles no mengüen. Baste recordar que este mismo año la partida presupuestaria comenzó creciendo en 65 millones respecto a 2011 y finalmente ha sido de 94 millones menos, tras los ajustes realizados a instancias del Ministerio de Hacienda para cumplir con los objetivos de déficit, a lo que habrá que sumar la deuda que con toda seguridad se contraerá los últimos meses del año con los boticarios por la insuficiencia de fondos previstos para cubrir toda la factura farmacéutica del año y que rondará los 120 millones de euros.

Respecto hacia dónde podría dirigirse la tijera una vez que entre de lleno en el Servicio Canario de Salud, los sindicatos dan por hecho el cierre de determinados servicios hospitalarios, sobre todo de aquellos que tengan varias unidades, como podría ser Medicina Interna, que, según el hospital, puede llegar a contar hasta con cuatro unidades y con varias plantas hospitalarias, lo que también se traduciría en el cierre definitivo de camas.

"Ahora se cierran camas en verano supuestamente para ahorrar costes, así que lo lógico es pensar que prolongarán esa clausura durante más tiempo cuando quieran tener aún menos gastos, aunque ello conlleve un empeoramiento de las listas de espera y de la calidad asistencial", alerta el representante de CCOO.

A los representantes de médicos y enfermeras (Cesm-Satse) lo que más les preocupa "es la falta total de transparencia y comunicación de la Consejería de Sanidad" y sospechan que se enterarán de los nuevos recortes cuando estos ya hayan sido definidos por la Consejería y sin que se les dé tiempo de negociarlos o de aportar otras soluciones. Y es que este colectivo profesional asegura que, "si se quiere, se podría recortar de otras muchas cosas dentro de la propia partida sanitaria antes que de tocar cualquier servicio que afecte directamente a los enfermos" y recuerdan que la Consejería ha decidido mantener intactos los fondos destinados a incentivos para los directivos del Servicio Canario de Salud.