La juez anuló ayer su propia orden de desalojo de la nave industrial de la calle Puigcerdà, en el barrio del Poble Nou (Barcelona), donde malviven alrededor de 300 inmigrantes que se dedican en su mayoría a la recogida de chatarra, y que iba a ejecutarse hoy. En el auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona acepta las alegaciones formuladas por el abogado defensor de la comunidad que habita en la nave y reconoce que los actuales ocupantes no son los mismos que fueron denunciados por los propietarios en 2011, ya que aquellos fueron desalojados en agosto del año pasado y entregaron las llaves.
Al tratarse de una nueva ocupación y al descubrir que la propiedad había presentado el pasado mes de septiembre una nueva denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, la juez que ordenó el desalojo de la nave ha anulado su orden "por entender que es el Juzgado de Instrucción número 24 el competente para resolver sobre cualquier incidencia relacionada con los hechos denunciados el 15 de septiembre de 2011".
Los Mossos d''Esquadra habían comunicado a los inmigrantes, la mayoría de ellos africanos, que desalojarían hoy la antigua fábrica, propiedad de la inmobiliaria Fincas Riana, tras agotarse el plazo de una semana que inicialmente dio la juez para que pudieran evacuar todas las pertenencias las decenas de familias, algunas con hijos menores, que viven en el recinto.
La nulidad del desalojo se produce con la opinión favorable del fiscal y después de que, el pasado viernes, el abogado de los inmigrantes, Andrés García, se personara en la causa y presentara un recurso contra el desalojo, que finalmente ha surtido el efecto deseado.