Las titulaciones en extinción -diplomaturas y licenciaturas- no sufrirán en Canarias el importante incremento de precios -sobre el 40% en el mejor de los casos- que sí experimentarán los grados y másteres. Así lo ha decidido la Consejería de Educación del Gobierno regional, que argumenta que dichos estudios no son mencionados en el real decreto-ley de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, un texto que solo hace referencia a los grados y másteres, titulaciones adaptadas a la reforma universitaria regida por el Plan Bolonia.

En el curso actual, más de 9.800 alumnos cursan estos estudios en la Universidad de La Laguna (ULL), lo que representa casi el 44% del total. Aunque lo previsible es que este colectivo se reduzca en el próximo curso -muchos de estos estudiantes están en el último curso de sus carreras-, la cifra continuará siendo elevada.

Las tasas de estos alumnos solo se incrementarán en proporción al índice de precios al consumo (IPC). De esta forma, la Administración autonómica aplicará la subida mínima de acuerdo al sistema que se utilizaba hasta ahora, en el que el Ministerio de Educación ofrecía un umbral que iba desde la cifra del IPC hasta una cuatro puntos superior y los gobiernos regionales decidían en qué punto de esta horquilla se situaban.

En cuanto a los grados y másteres, el Ejecutivo central ha optado por que las tasas cubran entre el 15% y el 25 por ciento de su coste real en las primeras matrículas, lo que, en el caso del Archipiélago, aboca a un encarecimiento del 40 por ciento, en el mejor de los casos.

El incremento de los precios se agravará si se trata de segundas -entre el 30% y el 40% del coste real-, terceras -entre el 65% y el 75%- y cuartas matrículas -entre el 90% y el 100%-.

Las tasas que abonan los repetidores han sido objeto, precisamente, de una reclamación por parte de la ULL, que ha solicitado al Gobierno canario que examine la posibilidad de atenuar su encarecimiento. La existencia de "un margen de ambigüedad" en el real decreto-ley -en expresión del rector lagunero, Eduardo Doménech- abre la puerta a la esperanza, tal y como han asegurado algunas universidades andaluzas. Las consejerías de Educación y Economía y Hacienda siguen evaluando esta propuesta, que les fue trasladada la pasada semana por Doménech.

El Consejo Universitario de Canarias se reunirá en los próximos días para concretar la variación definitiva que sufrirán las tasas académicas en el próximo curso. Una vez se celebre esta reunión, los dirigentes de las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria comenzarán a negociar con la Consejería de Educación el próximo contrato-programa, el acuerdo mediante el que el Ejecutivo regional financia a las instituciones académicas. El anterior contrato-programa fue suspendido de forma unilateral por la Administración antes de que finalizara su vigencia.

La decisión del Gobierno central de subir las tasas universitarias y endurecer las condiciones para acceder a una beca -entre otras dirigidas a disminuir el gasto público en la educación- han derivado en un clima de malestar y protestas entre los estudiantes y el profesorado. Los propios rectores también han reaccionado con indignación y mantienen una dura oposición a las actuaciones previstas por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, al que incluso llegaron a "plantar" en una reciente reunión del Consejo de Universidades.