El debate sobre los cambios que introduce la reforma sanitaria aprobada por el Ejecutivo central hace un mes llegó ayer al Parlamento de Canarias de manos de la diputada del Partido Popular María Teresa Pulido, quien preguntó a la consejera de Sanidad del Gobierno canario, Brígida Mendoza, si tenía pensado "seguir con el victimismo y la demagogia para seguir echando la culpa a Rajoy de la mala gestión del Gobierno canario". "A mi grupo le gustaría saber qué medidas va a tomar la Consejería de Sanidad en la atención a los inmigrantes irregulares", concluyó en su primera intervención Pulido, que acusó a Coalición Canaria y al Partido Socialista "de ir diciendo que los inmigrantes no van a ser atendidos por la sanidad pública sabiendo que eso es una barbaridad y que es falso".

"En el capítulo 1 del Real Decreto Ley se explica literalmente que el reconocimiento y control de la condición de asegurado o beneficiario del mismo corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), a través de sus direcciones provinciales, que establecerán los requisitos documentales para cada caso. Por tanto, es el INSS, que pertenece al Ministerio de Empleo, quien reconoce la condición de asegurado y no el Gobierno de Canarias", respondió en primera instancia Mendoza.

"Eso ya lo sabemos", le espetó Pulido, "pero diga la verdad. Diga que con esta reforma nadie va a quedar desatendido. Por supuesto que se les dará asistencia sanitaria a los inmigrantes. Lo que se ha hecho es poner fin a las arbitrariedades y a los abusos que perjudican a nuestro Sistema Nacional de Salud y que pagamos todos los contribuyentes", manifestó la diputada popular desde su escaño, antes de continuar diciendo que "ningún español va a dejar de tener derecho a la sanidad, porque así lo reconoce la Constitución, y cualquier ciudadano de otra nacionalidad que obtenga la condición de asegurado tendrá los mismos derechos. Lo que sucede es que ustedes pretenden derivar lo importante del asunto para que parezca que el PP está en contra de atender a los ciudadanos", sentenció.

En este punto, Mendoza insistió en el respeto de Canarias a las leyes, asegurando que "el Gobierno canario ha sido, es y va a seguir siendo respetuoso con toda la normativa básica establecida, por lo que la consejera de Sanidad de este gobierno, ante la publicación del Real Decreto 16/2012, tendrá que someterse a lo establecido en el mismo, y en él dice que la condición de asegurado la pone el INSS, dependiente del Ministerio".

De esta manera, la consejera despejó cualquier duda sobre si Canarias seguiría los pasos ya anunciados por comunidades como el País Vasco, donde su gobierno se ha declarado insumiso en lo referente a restringir la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.

Precisamente, María Teresa Pulido acusó a Coalición Canaria y al Partido Popular de "utilizar este decreto de manera torticera desde el día después del Consejo Interterritorial en el que se aprobó", asegurando que "sus consignas han tenido más un carácter político que social y su demagogia sobre las medidas que establece el decreto está generando incertidumbre entre los ciudadanos canarios".