Algunos de los alumnos de la Universidad de La Laguna (ULL) expedientados por acusar de negligencia en la tramitación de becas a la Facultad de Psicología pueden ser expulsados del centro durante quince meses. Esa es la propuesta de sanción que ha dirigido al rector el instructor del proceso: nueve meses por la autoría del comunicado que originó el conflicto más seis por "falta de probidad" para dos de ellos, cuatro meses por la segunda falta para otros nueve y tres por el mismo motivo para el duodécimo expedientado, el único que no pertenece al Claustro.

Depende ahora del rector, Eduardo Doménech, que el castigo para los integrantes de la formación estudiantil AMEC se ajuste exactamente a la propuesta del instructor o que sea algo más benévolo. Antes de adoptar su decisión, Doménech se reunirá con los afectados y hará un último intento de que se retracten de sus acusaciones, que, según el Rectorado, se han demostrado falsas, pese a que AMEC mantiene que en ningún momento se han presentado pruebas de que lo sean.

El final del contencioso entre los miembros de AMEC, por un lado, y la dirección de la Facultad de Psicología y el gobierno universitario, por otro, parece cada vez más cercano y podría suponer la pérdida de dos cursos para dos de los estudiantes expedientados -a los que se considera autores del comunicado- y de uno para la mayor parte de los demás. Hace unos meses, se cerró el expediente de otros once alumnos que fueron inicialmente procesados.

El asunto de la autoría es especialmente controvertido, pues una persona -antiguo estudiante de la ULL- se ha responsabilizado de ella, y así lo ha declarado ante el instructor.

Los estudiantes y su representación legal, ejercida por el abogado Raúl Alonso, disponen ahora de cinco días para presentar alegaciones a la propuesta del instructor. Los argumentos del letrado se basarán en la situación de "indefensión" en la que, a su juicio, han quedado los encausados debido a que la Universidad "se ha saltado el procedimiento".

Según Alonso, el instructor obvió la obligación de dar audiencia a los afectados una vez éstos hubiesen contestado el pliego de cargos presentado contra ellos. Por ello, pedirá la nulidad de las propuestas de sanción y que se abra de nuevo el plazo de audiencia, fijado también en cinco días.

El "caso AMEC" arrancó en febrero de 2011, cuando la formación denunció que la Facultad de Psicología no había enviado a tiempo 300 solicitudes de becas. El grupo estudiantil siempre ha afirmado que contrastó la información con la fundación Proeduca, dependiente del Gobierno autónomo y ahora extinta, que era la encargada de tramitar las ayudas al estudio de los universitarios. Sin embargo, la ULL dice haber aportado datos que demuestran la falsedad de las acusaciones.

No es éste el único punto en el que difieren las versiones de ambas partes. Así, el Rectorado ha esgrimido como motivo para el expediente la negativa a retractarse de los alumnos, mientras que éstos aducen que nunca se les ha pedido que lo hagan. Aun así, recientemente adelantaron que estarían dispuestos a hacerlo si se les presentan pruebas de su error.

Miembros de AMEC comparecieron públicamente el pasado lunes -por primera vez desde que el asunto salió a la luz- y lamentaron haber "herido algunas sensibilidades", aunque se reafirmaron en su convicción de ser objeto de una persecución.

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