El director general del Menor y la Familia del Gobierno canario, Gilberto Moreno, aseguró ayer, en relación con el caso del asesinato de dos niños en Vistabella, que desde 2007 se había eliminado el "riesgo" de que la madre de los pequeños realizara acciones de este tipo, según los informes psicológicos y forenses efectuados. Además, Moreno calificó el caso de "específico y muy particular".

Moreno reveló también que en 2004, el padre de la niña fallecida renunció a su custodia, según declaraciones realizadas a la Cadena Ser en Tenerife. En esa línea, el director general pidió también que no se hagan "juicios paralelos" basados en "informaciones limitadas".

Informe sobre desamparo.- El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recibió en ese mismo año, 2004, una solicitud de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia para que los Servicios Sociales Municipales elaboraran un informe sociofamiliar que pudiera indicar la necesidad de aplicar medidas de protección a la niña Tindaya por una supuesta situación de desamparo. Dicho departamento del consistorio envió el documento requerido al Gobierno para que tomara las medidas oportunas.

Fiscalía de Menores.- Además, a la Fiscalía de Menores no le constaban ayer intervenciones o informes sobre los pequeños asesinados, según las fuentes consultadas por EL DÍA. El Juzgado de Instrucción Número Uno de Santa Cruz de Tenerife lleva el asunto y decretó el secreto de sumario sobre las actuaciones.

Régimen de visitas.- El subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Batista, confirmó a los medios de comunicación que el padre de la niña asesinada en Vistabella, Tindaya García Prieto, había denunciado a la madre de la pequeña, Sonia P.B., para obtener un régimen de visitas que le beneficiara más. Aunque precisó que ese proceso es "algo tristemente normal en las parejas divorciadas", matizó que no hay ningún antecedente de "violencia de género ni nada por el estilo". Éste es un dato más que confirma las diferencias existentes entre la familia paterna de la pequeña y la madre biológica por la custodia de la menor fallecida.

"El juez debería ir preso".- Los citados problemas resultaron evidentes durante la tarde y la noche del pasado martes, cuando la abuela gritaba de forma insistente: "¡Esa fue la loca!". Los familiares se preguntaban, entre llantos de dolor y gritos, por qué la Administración de Justicia no adoptó alguna medida que contribuyera a evitar esta situación, concretamente que la niña viviera con su padre, M.A.G. En declaraciones a Canarias Radio, la abuela de la niña dijo que el juez que le otorgó la custodia a la madre "debería ir preso" y que los asuntos sociales "son unos vendidos porque conocían la situación". Respecto a Sonia P.B., la exsuegra dijo que "era una enferma y maltrataba a la niña y a mi hijo, pero después en los juicios decía que era al revés".

Antecedente.- Vecinas de la zona, que conocen a la madre de los niños asesinados desde que nació, explicaron que en una ocasión abrió el gas butano con el fin de quitarse la vida. Una ciudadana que residía junto a la vivienda detectó el olor a gas y evitó una tragedia. La abuela paterna dijo también que su hijo está "sedado" tras el fuerte impacto emocional padecido y ahora teme por su futuro. "Mi hijo está mal y no sé cómo va a superarlo", comentó la mujer, que añadió que, "cuando vea la realidad, se va a volver loquito", porque "la niña era su vida". Fuentes de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias afirmaron ayer que al colegio Ofra-Vistabella, donde estudiaban las víctimas, acudió ayer el Equipo de Zona de Orientación Educativa y Psicopedagógica, con el objetivo de prestar asistencia psicológica al alumnado y profesorado más afectado por el desagradable suceso. En esas tareas también apoyó el Equipo de Intervención Psicológica de Cruz Roja.

Sin palabras.- Familiares de la madre de los pequeños están desolados por lo ocurrido y durante la tarde de ayer declinaron hacer cualquier tipo de declaración sobre el trágico y desagradable suceso. El subdelegado del Gobierno y el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, lamentaron el desagradable suceso, "que ha desgarrado a la sociedad tinerfeña", en palabras del subdelegado José Antonio Batista.

INVESTIGACIÓN

Los dos adultos están detenidos

El Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía también detuvo como supuesto autor de dos delitos de asesinato al hombre de 54 años, identificado J.P.L., que convivía con la madre de los dos niños hallados muertos y era padre del más pequeño, Joseba, según las fuentes consultadas. Es decir, que ya son dos los detenidos por el trágico suceso en Vistabella, puesto que la Policía Local de Santa Cruz detuvo a la mujer de 40 años, Sonia P.B., nada más encontrar los cadáveres de los menores, pues ella misma confesó a los agentes que los había matado. J.P.L. fue hallado herido grave y tirado en un patio interior lleno de basura y enseres. Tenía cortes en las muñecas y magulladuras, a la vez que estaba desorientado. Una ambulancia lo trasladó al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, donde lo ingresaron en la Unidad de Psiquiatría. La madre fue hallada con cortes en las muñecas y heridas en el pecho, así como envuelta en una manta. Ambos adultos permanecen sedados y ayer no se les tomó declaración. Sus vidas no corren peligro. Al parecer, la hermana de Sonia acudió a la Policía Nacional a denunciar que los niños podían estar en peligro a las 14:00 horas del martes. Y sus presagios se confirmaron.

análisis

En el Instituto Toxicológico

Ayer se hizo la autopsia a los cuerpos de Tindaya García Prieto, de 11 años, y de Joseba Ponce Prieto, de cinco. Sin embargo, una vez que los profesionales del Instituto de Medicina Legal cuenten con los resultados de dicho análisis, los cadáveres también serán enviados al Instituto Toxicológico y de Ciencias Forenses del Ministerio de Justicia. Este procedimiento se considera fundamental en estos casos para determinar con certeza si los detenidos suministraron algún producto para adormilar o matar a los niños. Los agentes de Homicidios también tomaron declaración el martes a los policías locales que entraron en primer lugar a la casa. El subdelegado del Gobierno aseguró que agentes de Policía Científica siguieron ayer las tareas de inspección ocular en la vivienda número 4 de la calle Primera Armenia. Cabe recordar que, en la tarde del martes, tales investigadores sólo tuvieron una hora para trabajar con luz solar, por lo que los mandos decidieron continuar ayer la búsqueda de huellas e indicios. Batista también pidió "cautela" y reconoció que la madre de los pequeños se autoinculpó ante los policías locales, pero advirtió de que esa afirmación "tiene el valor que tiene".