El director insular de la Administración General del Estado en La Palma, Alejandro Brito, aseguró ayer a EL DÍA que las inspecciones masivas que se están realizando en el campo palmero, con el objetivo de detectar fraudes fiscales y laborales, tal y como informó ayer esta redacción, "no se están haciendo con afán recaudatorio", como manifiestan muchos afectados, sino "para regularizar y legalizar las actividades económicas de todas las personas que generen rentas".
Según Brito, "los inspectores no persiguen con órdenes de cobrar, abusando de la gente, sino que persiguen las ilegalidades. Prueba de ello es que se han detectado muchos fraudes y situaciones irregulares en estos días en los que han estado visitando toda la geografía insular. Ese dato justifica el porqué de esta actuación".
Desde la Dirección Insular se considera que "este tipo de situaciones sin control son perversas y negativas para toda la sociedad, no solo para el Estado. También para los trabajadores, que no cotizan y pierden sus derechos laborales, y para los empresarios que sufren competencias desleales". Lo cierto, aclaró Brito, es que "las ilegalidades no dan derecho a nada".
Para el representante del Estado en la Isla, "el sistema recauda para luego invertir en prestaciones sociales y todos tenemos que aportar para mantenerlo. Por eso, el que no cumple con esa premisa está cometiendo injusticias y perjudicando a los demás. En cuanto a las sanciones que se han impuesto, Alejandro Brito cree que "la experiencia nos dice que si no se sanciona no se cumple con las normas".
En cuanto al motivo de las inspecciones, afirma que "no tienen nada que ver con el Real Decreto Ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para regularización y control del empleo sumergido. Estas inspecciones estaban ya programadas con independencia de ese real decreto". Lo cierto, aclaró, "es que se había detectado un abuso generalizado que se había extendido como algo normal, como si estuviera permitido. Era muy llamativo. De ahí la respuesta masiva de los inspectores, que están muy informados de lo que hacen y son exquisitos en cuanto al trato".
Sobre el real decreto, el director insular asegura que se hizo una reunión en las dependencias estatales en la Isla, en junio, y se explicó a los representantes de los agricultores citados y que quisieron ir, así como entidades y asociaciones, con el jefe de inspección de la provincia, todas las situaciones que se iban a producir".
Alejandro Brito reconoce que hay mucha incertidumbre entre los agricultores de La Palma, "porque se trata de una situación nueva, que además cae en la peor época marcada por la crisis", Sin embargo, entiende que "hay situaciones que no tienen justificación. La sociedad no aguanta un estado del bienestar si no se cotiza".