El Cuerpo Nacional de Policía detuvo a un empresario de 41 años, identificado como R.G.E.M. y de origen venezolano, como supuesto autor de intrusismo en materia de seguridad privada en el Sur de Tenerife. El acusado regentaba una sociedad dedicada a ofrecer servicios de vigilancia a hoteles, apartamentos y centros comerciales sin estar autorizado para ello. La actuación fue desarrollada por el Grupo Operativo de Seguridad Privada (GOSP) de la Comisaría del Sur de la isla.

La investigación comenzó a raíz de varias denuncias sobre la existencia de una red de empresas dedicadas ilegalmente a la actividad. Al parecer, el acusado supuestamente aprovechaba que los responsables de los citados establecimientos supuestamente desconocían la legislación. El individuo presentaba fotocopias de documentación original falsificada y conseguía los contratos bajo la apariencia de una empresa legal.

Una de las ventajas con que contaba el citado empresario es que ofrecía los servicios a un precio muy inferior al mercado; hasta un 75 por ciento menos que los de las empresas habilitadas para desarrollar ese trabajo por el Ministerio del Interior.

Los trabajadores carecían de la titulación oficial correspondiente, que debe ser expedida, previa cualificación, por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.

La detención del empresario se produjo en la zona de Las Chafiras, en el municipio de San Miguel de Abona. La oficina de la última sociedad creada por el acusado se hallaba en un piso de la calle Fundadores de la Cooperativa, que carecía de cualquier rótulo o elemento identificativo, con el objetivo de que pasara desapercibida.

La mayoría de los empleados contratados para ejercer de vigilantes eran cubanos y marroquíes. El empresario R.G.E.M. fue imputado por los delitos de intrusismo, falsificación de documento privado, amenazas, estafa, asociación ilícita, insolvencias punibles y delito contra los derechos de los trabajadores.

Además, como imputados figuran cuatro individuos más, que ejercían como testaferros en las diferentes empresas. Los policías nacionales intervinieron diversos vehículos y precintaron varios inmuebles.

Los empleados eran aleccionados por el detenido, que les pagaba salarios muy inferiores a los estipulados para los vigilantes de seguridad. En algunos casos, el arrestado llegó a dejar de pagarles sus sueldos en varias ocasiones y los trabajadores llegaron a estar en sus puestos durante 12 horas seguidas. Además, R.G.E.M. ofreció a empresarios hoteleros un servicio de transporte de dinero, que podía mover entre 100.000 y 200.000 euros cada semana, que era realizado en vehículos sin distintivos ni medida de seguridad alguna.

Cuando el empresario venezolano recibía alguna sanción administrativa, daba de baja a su empresa en el Registro Mercantil y abría otra, a la cual transfería a los trabajadores y los recursos materiales. Así, el individuo llegó a crear siete sociedades diferentes. Según los policías nacionales, los beneficios obtenidos eran invertidos en crear negocios "limpios", como restaurantes o cafeterías, donde supuestamente "se lavaba" el dinero procedente de la seguridad privada. El Grupo de Seguridad Privada contó con la colaboración de la Inspección de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife y el colectivo de vigilantes de seguridad "Vigías".