El Ayuntamiento de Santa Cruz ha acordado con la Dirección General de Costas el mantenimiento de los barcos de pesca recreativa que permanecen fondeados en la playa de Las Teresitas, zanjando, de esta forma, una polémica generada el pasado verano cuando Costas dictaminó el desalojo, en un plazo de 15 días, de las citadas embarcaciones tras hacerse eco de una serie de denuncias formuladas por los propios bañistas.
En el transcurso de una reunión celebrada entre representantes del consistorio capitalino y del órgano estatal se decidió iniciar los trámites necesarios para acotar mediante balizas la zona de fondeo de las cerca de 175 embarcaciones y separarla, de esta forma, de la zona de baño. El alcalde accidental de Santa Cruz, Julio Pérez, certifica que "no existe ningún plan para el desalojo inmediato de los barcos de pesca" y especifica que lo único que se pretende es solucionar los problemas de convivencia entre los dueños de las embarcaciones y los bañistas.
Asimismo, se trabaja con la idea de elaborar un proyecto para instalar un sistema de rejeras (cadenas) para que los barcos fondeen abarloados (adosados) y ocupen un espacio muy inferior al actual, una solución que es asumible económicamente hablando por el propio ayuntamiento. Este espacio ha sido históricamente utilizado por embarcaciones de séptima categoría, que pertenecen en su mayoría a pescadores jubilados y sus familiares, que no cuentan con espacio suficiente en los alrededores de la Cofradía de Pescadores.
Por otro lado, se desecha la posibilidad de que la actividad que acoge hoy en día el pequeño enclave pesquero de este pueblo del litoral de Anaga se traslade hasta la Dársena Pesquera, una alternativa que siempre fue descartada por los responsables de la Cofradía, que aseguraban que las instalaciones no estaban en condiciones al carecer de un varadero y un punto de primera venta, además de la necesidad de disponer de casetas para los pescadores.
"Necesidad no portuaria"
En cuanto a la histórica reclamación para la construcción de una escollera que defienda el pueblo de San Andrés de los embates del oleaje, Julio Pérez lamentó que para la Autoridad Portuaria este proyecto sea una "necesidad no portuaria", por lo que incidió en la necesidad de mantener contactos frecuentes entres las administraciones implicadas para llevar a cabo una solución consensuada.
Pérez especificó que la administración competente para ejecutar los trabajos de la escollera es la Autoridad Portuaria y que la garantía de la defensa del pueblo pesquero y de su acceso es "requisito indispensable" para resolver cualquier otra actuación de mayor calado en el entorno de Las Teresitas.
En el mismo encuentro interadministrativo se propuso el estudio de estudio de todas las posibles soluciones técnicas para proteger el frente de San Andrés, así como la rehabilitación de toda la escollera y del muelle del barrio pesquero. En este sentido, cabe recordar que un grupo de vecinos de San Andrés, conjuntamente con miembros de la asociación vecinal Los Pedacillos, de El Suculum, han vinculado recientemente el incremento de episodios violentos del mar contra la avenida con las obras de ampliación de la Dársena Pesquera, una actuación que podría haber propiciado la acumulación de arena en el frente del litoral.