La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz que investigue el traslado irregular de una funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Santa Cruz decretado en junio de 2009 por el entonces primer teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos, Ángel Llanos (PP).

Fuentes del Ministerio Público confirmaron ayer que han solicitado una investigación sobre los motivos que originaron la firma del decreto de 16 de junio de 2009 por el que Ángel Llanos aprobó que una funcionaria de carrera fuese trasladada a una comisión de servicios de Educación y Juventud sin que ella lo pidiera y que, además, era inexistente, razón por la cual la afectada solicitó medidas cautelares y demandó al ayuntamiento por la vía de lo contencioso-laboral.

Como consecuencia de este proceso judicial, el consistorio fue condenado a pagar las costas ante lo que el juzgado certificó, en primera instancia, como un caso de trato discriminatorio al desplazar progresivamente de sus funciones a una funcionaria del ayuntamiento, con plaza en la Concejalía de la Mujer de la que era responsable Ángela Mena, favoreciendo, de esta forma, a otra funcionaria interina.

Asimismo, este fallo judicial originó una denuncia penal interpuesta el pasado 6 de mayo ante la delegación provincial de la Fiscalía Anticorrupción por José Pérez Ventura, abogado de Justicia y Sociedad, por un presunto delito de prevaricación. El texto de la denuncia solicitaba que se investigara si se había dejado sin funciones a la citada funcionaria de carrera, que además estaría siendo sometida a acoso laboral, para favorecer a una funcionaria interina en el organismo municipal.

Dentro de este segundo contencioso se circunscribe la petición de la fiscal-jefe de que se investiguen los pasos seguidos que derivaron en la firma del citado decreto de 16 de junio de 2009 por parte del entonces concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento capitalino y que originó el traslado irregular de la funcionaria.

Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción también denunció el pasado mes de abril a la por entonces concejal de Participación Ciudadana, Ángela Mena, por un presunto delito continuado de prevaricación relacionado con seis contratos menores suscritos por dicha área con tres empresas de servicios vinculadas con la entidad Innova. La fiscal María Farnés cursó la denuncia el pasado día 29 de marzo después de abrir el proceso de diligencias previas tras una denuncia previa presentada por Sí se Puede.

El proceso abierto contra la esposa del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se inició en relación con un reconocimiento extrajudicial de crédito aprobado en la sesión plenaria del ayuntamiento del pasado 23 de diciembre de 2010. En aquella ocasión fue precisamente Ángel Llanos quien detalló los reparos que había interpuesto la Intervención General en diciembre de 2009 ante la tramitación efectuada para adjudicar seis contratos, por un importe total de 99.473 euros, que podría vulnera la Ley de Contratos del Sector Público al fraccionar un contrato "con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad".

Entre los técnicos relacionados con la adjudicación de esos contratos se encuentra la funcionaria interina presuntamente favorecida por Mena.