El Gobierno de Canarias parece que ha dejado a su suerte a una familia del municipio de Arona, no atendiendo las necesidades de un menor de cinco años que tiene aprobada una ayuda de la Ley de Dependencia desde hace casi tres años.

Elena Álvarez, madre de Mauro, lleva luchando desde el 2008 para que su hijo, con una discapacidad del 69 por ciento, reciba la asignación mensual que en su momento le fue concedida por la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo regional (ahora Políticas Sociales).

"No recibo ayuda de ninguna Administración pública y tampoco puedo ponerme a trabajar porque el niño precisa de una atención continuada las 24 horas", se lamentaba.

"Todo el dinero que tengo para atender a Mauro procede del entorno familiar es insuficiente" para cubrir las necesidades del menor, expresa preocupada la madre.

Ante la situación, ha presentado numerosas reclamaciones en la propia Consejería "pero todo lo que obtengo son largas y mentiras", señala la progenitora del menor.

"Cuando he llamado por teléfono a dicho departamento regional me ponen excusas de todo tipo, desde que la persona que firma las órdenes de pago está de baja a que no me van a pagar porque hay expedientes anteriores al de mi hijo. En definitiva, cada vez que llamo me dicen una cosa diferente, así como requiriéndome documentación que ya había presentado con anterioridad y que he tenido que volver a presentar", explica la madre.

Añade que "incluso envié un correo electrónico a la propia vicenconsejera del citado departamento regional, así como a la titular de Sanidad de aquel momento, pero nunca me respondieron".

"Qué clase de políticos tenemos que no atienden las necesidades de las personas con minusvalías y con ayudas de dependencias aprobadas desde 2008", cuestiona Elena Álvarez desesperada.

"Completamente sola"

La preocupación de esta madre se agrava porque desde el propio Ayuntamiento de Arona "se nos ha dado la espalda".

"Fui hablar con los Servicios Sociales municipales y les presenté la documentación y la respuesta fue que ellos no podían hacer nada al respecto. Es decir, la administración más cercana también se ha inhibido del problema y me encuentro completamente sola", resalta la madre.

Ahora el asunto se ha puesto en manos del Diputado del Común, que ya ha notificado a la familia que ha comenzado "a recabar información" sobre el expediente.

La resolución definitiva reconoce, a fecha 20 de noviembre de 2008, que el menor tiene "un grado de discapacidad del 69 por ciento" y describe que el tipo de minusvalía es tanto "física, psíquica y sensorial".

Posteriormente, se le comunica a la madre, por parte del citado departamento regional, que Mauro presenta "situación de gran dependencia de grado tres nivel 1" y que las prestaciones económicas serán "para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personal" al beneficiario de la ayuda.

El área de Políticas Sociales no quiere dar su versión pública sobre dicho expediente.