El Cabildo de Tenerife volverá a interponer acciones judiciales contra la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos del Gobierno de Canarias por la liquidación practicada del bloque de financiación del Régimen Económico y Fiscal (REF) correspondiente a la Isla de Tenerife para el ejercicio 2010. En este sentido, la Corporación insular entiende que en la liquidación practicada, al igual que en 2009, el Ejecutivo regional no ha aplicado la Disposición Transitoria 4ª (DT 4ª) de la Ley 9/2003, en la que estima que a la Isla de Tenerife le corresponde un total de 9.577.867 euros. En este sentido, el Cabildo estima que con la aplicación de la DT 4ª le corresponden 55.016.099 euros, algo menos de lo que reclamó en 2009 también por vía judicial, que sumó un total de 68.494.126 euros.

Liquidación 2010.- En 2010, el Ejecutivo regional volvió a no aplicar la famosa DT 4ª de la Ley 9/2003 y le endosó a Tenerife 198.616.519 euros frente a los 253.632.618 euros defendidos por el Cabildo, entregando a cuenta 189.038.652 euros.

En su liquidación del bloque de financiación canario sale un saldo positivo de 9.577.867 euros frente a los 64.593.966 euros que estima el Cabildo de aplicarse la disposición, lo que hace una diferencia entre las dos cantidades de 55.016.099 euros que la Corporación insular quiere que reconozca la Viceconsejería de Hacienda a través de los juzgados para hacer el reparto con los municipios (34.506.916 euros para el Cabildo y 20.509.182 euros para los municipios).

Liquidación 2009.- La "guerra" entre administraciones estalló en relación con los números presentados por el Ejecutivo regional en mitad de la crisis. En aquella ocasión, el Cabildo criticó abiertamente la participación asignada por la Viceconsejería a la administración insular que situó en los 177.763.069 euros frente a los 246.257.195 euros resultantes con la aplicación de la DT 4ª que defiende el Cabildo, siendo la entrega a cuenta de los fondos 241.180.393 euros. El resultado, según el gobierno insular, es de 68.494.126 euros a su favor para repartir entre los municipios de Tenerife (42,9 millones para el Cabildo y 25,5 para los ayuntamientos), mientras que el Ejecutivo regional estima que sale negativa, 63.417.324 euros que tienen que devolver el Cabildo y los municipios.

En este sentido, sumando los resultados de 2009 y 2010, si la Justicia le da la razón al Cabildo y tiene en cuenta la aplicación de la DT 4ª, el Ejecutivo tendría que librar un total de 77.467.869 euros a la Corporación insular y 46.042.354 euros a los ayuntamientos de la Isla.

"Repetimos el proceso".- El consejero en funciones del Cabildo de Tenerife, Víctor Pérez, explicó que en estos momentos "estamos llevando a cabo el mismo proceso que hicimos con la liquidación de 2009, interponer acciones judiciales contra el Gobierno al entender que aplica mal la liquidación, a nuestro entender. Una vez que se puso en marcha aquel recurso, dado que el Gobierno de Canarias ha vuelto a no tener en cuenta la DT 4ª de la Ley 9/2003 en la liquidación de 2010, repetimos el proceso, al igual que han hecho los otros cabildos y los miembros de la Federación Canaria de Municipios (Fecam)".

"La DT 4ª 9/2003 decía que fuera cual fuera la recaudación en el futuro de los recursos del REF, el Gobierno tiene que garantizar a cabildos y ayuntamientos una cantidad como mínimo igual a la del ejercicio 2002. Como en 2009 hubo una recaudación inferior a 2002, por eso reclamamos, lo mismo en 2010", explicó.

Víctor Pérez señaló que "el Gobierno de Canarias entiende que esa disposición solo era de aplicación para el ejercicio 2003 y nosotros entendemos que sigue vigente la Ley y que la misma no ha sido derogada y, por lo tanto, hay que aplicarla y como el Gobierno no la aplica recurrimos".

En su opinión, "la tesis del Gobierno es entendible y respetable. Es un asunto de discrepancia importante con consecuencias económicas importantes para el Gobierno y para cabildos y ayuntamientos. Lo que ocurre es que defendemos tesis distintas".

Pérez dijo que hay una prueba clave a la hora de interpretar la disposición, y es que "en un debate del Parlamento cuando se incorporó esta DT 4ª quedó claramente de manifiesto que la vigencia de esa disposición lo era mientras estuviera en vigor la Ley 9/2003, no solo para un ejercicio".

Por último señaló que "de darnos la razón los tribunales, a la isla de Tenerife se le tendrían que dar 68,4 millones de euros correspondientes al ejercicio 2009, más otros 55 millones de 2010. Creemos que la razón está de nuestro lado, siempre respetando cualquier decisión judicial que se tome cuando llegue el momento", dijo.