Una mayor coordinación entre las distintas administraciones a cuya disposición se encuentran los sistemas telemáticos y GPS para una efectiva aplicación de los mismos, es una de las demandas que se incluyen en las conclusiones de las XX Jornadas de Violencia Penitenciaria que se han celebrado estos días en Puerto de la Cruz (Tenerife).

De igual forma se estima "conveniente" que se agilice la aprobación del protocolo en trámite relativo al control telemático y dispositivos GPS para la ejecución de las penas de prisión --tanto en los casos en que se haya impuesto la pena de prohibición de acercarse y/o comunicar con la víctima o de residir en determinados lugares, como cuando lo requieran las circunstancias del hecho y las personas--. Esto supone, según indican, una mejora para la seguridad de la víctima al tener un efecto disuasorio sobre el penado.

Según plantean, estos controles pueden imponerse como condición en las resoluciones de los jueces de vigilancia penitenciaria y de la Administración Penitenciaria que autoricen los permisos de salida ordinarios conforme a la normativa vigente y para el acceso al tercer grado.

En materia sanitaria, defienden que se inste a las administraciones "para que establezcan las medidas que permitan a los enfermos mentales penados que extingan su condena para que continúen con el tratamiento de su enfermedad mental en el exterior con profesionales que traten su patología impidiendo con ello la recaída en el delito".

NUEVA OFICINA JUDICIAL

En otro apartado también se han pronunciado al respecto de la Nueva Oficina Judicial. Señalan que la nueva estructura organizativa "forma parte de un proyecto ambicioso e irreversible para modernizar la Administración de Justicia de la que los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria deben de formar parte, tomándose en consideración por el Ministerio, y velándose por el CGPJ para que así sea, las características especiales y necesidades inherentes a su adecuado funcionamiento".

En esta línea, apuntan que el magistrado, responsable en la UPAD, y los directores de los Servicios no pueden trabajar como "compartimentos estanco" porque el expediente es único y el mismo para todos. Añaden que la celeridad en la resolución que caracteriza a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria hace precisa la "colaboración, comunicación y consulta permanente" entre todos los responsables e implicados en la gestión de los procedimientos.

"El expediente digital, correctamente implantado, debería haber sido el paso previo a la nueva organización, lo cual habría evitado gran parte de las deficiencias que el nuevo modelo organizativo tiene en la actualidad", defienden las conclusiones del encuentro.

De igual forma, insisten en que deben de tenerse en cuenta en la implantación de la Nueva Oficina Judicial las peculiaridades de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria en aspectos tales como el registro de asuntos, su tramitación y la ausencia de un marco normativo procedimental.

Además, los jueces de vigilancia penitenciaria muestran su "inquietud" sobre el funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial y expresan dudas acerca de si dicha oficina va a suponer una mejora en la tramitación y resolución de los asuntos, "dada la ausencia de procedimiento en esta jurisdicción y la necesidad de respuesta inmediata, así como los perjuicios que podrían derivarse a las condenados a penas privativas de libertad".