Más de 20 imputados fueron los candidatos más votados o segundos más votados en las pasadas elecciones locales y autonómicas, por lo que ganaron el derecho a estrenar o renovar un cargo, negociaciones de partidos mediante. Sin excepción, todos eran cabeza de lista allí donde se presentaron, excepto los seis que entrarán al Parlamento -y que no dependen de los pactos que se conformen- mientras que el resto se reparte entre las distintas corporaciones locales de ambas provincias.
¿Por qué el electorado premia con su confianza a políticos de todas las formaciones que están en esa situación? El profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de La Laguna (ULL), José Adrián García Rojas, aclara que la imputación "significa todo y nada" porque la hay de varios tipos. En algunos casos, obedece a hechos relacionados con la corrupción, pero también puede derivar de actuaciones de tipo administrativo que los cargos públicos deben acordar en ejercicio de sus funciones.
En España, lamenta el experto, "siempre tiene que demostrarse la inocencia" al referirse al rechazo que provoca en la ciudadanía este tipo de asuntos, "pero también es verdad que la gente del sur de Europa pasa bastante de la posible corrupción, no es un tema que afecte demasiado", señala.
El PIL
En esa zona "parece haber una cierta tolerancia con lo que puede parecer corrupción", insiste García Rojas, "pero si es una situación continuada durante mucho tiempo y que se repite muchas veces, entonces sí hace mella", advierte.
Pone de ejemplo el caso del líder histórico del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, que habiendo sido condenado con sentencias firmes sobre casos de corrupción comprobados, y también en otras sentencias no firmes, "termina por agotar al electorado que, al final, tras dos décadas de escándalos, acaba retirando su apoyo". Y es que en España y los países más próximos se asume que la política y la corrupción son hechos vinculados porque la primera implica, necesariamente, la segunda, por lo que al final "parece normal todo lo que huela a corrupción y termina por importar menos de lo que debería hacerlo", concluye.
A continuación se nombran los imputados que el electorado favoreció con sus votos. Excepto que se indique otra cosa (y los que entran al Parlamento), todos fueron los más votados en sus circunscripciones.
Parlamento.- Con toda seguridad, el actual diputado regional de CC por Tenerife y alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo, es el nombre más famoso de este grupo que renueva en la Cámara regional. Está imputado por el "caso Las Teresitas" y todo indica que será senador por la Comunidad autónoma.
La exalcaldesa de Las Palmas -número cuatro de la lista del PP por Gran Canaria-, Josefa Luzardo, y Felipe Afonso -número seis- están imputados en la causa del "caso Canódromo", ahora en fase de instrucción. También entran en el Parlamento.
El secretario general del PSC de Lanzarote, Carlos Espino, también entró al Parlamento. Está imputado tras una denuncia que presentó contra él la consejera de Centros Turísticos del Cabildo conejero, Astrid Pérez, por su gestión al frente de este departamento durante la etapa en la que gobernaron los socialistas.
El exportavoz parlamentario del Partido Popular (PP) -número ocho de la candidatura popular por Gran Canaria-, Jorge Rodríguez, está imputado por el "caso Europa".
La número uno del PP por La Palma, María de Haro, figura como imputada por el caso de los títulos de formación sociosanitaria falsos. Entra en la Cámara regional.
Corporaciones locales.- El alcalde de Santiago del Teide (PP), Juan Damián Gorrín, está imputado por el llamado "caso Los Guíos" y el del municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana (NC), Silverio Matos, lo está por supuesta prevaricación en el marco de la "operación Palmera".
De NC también es el alcalde de Telde, Aureliano Santiago, que está imputado en el "caso Yrichen", por supuesta prevaricación. Esteban Bethencourt fue alcalde durante 33 años del municipio de Valle Gran Rey por CC, pero en estas elecciones fichó por el PP. Está acusado de malversación de caudales públicos y pendiente de un nuevo juicio. Fue el segundo más votado.
La candidata del PP a la Alcaldía de Telde, María del Carmen Castellano, está imputada por el "caso Faycán". Su partido fue el segundo en votos, mientras que el alcalde de Mogán (PP), Francisco González, está imputado por el "caso Góndola".
El alcalde de Arona (CC), José Alberto González, está imputado por un supuesto delito de prevaricación en el "caso Arona". También de CC es el alcalde de La Orotova, Isaac Valencia, que está imputado por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias.
Ruymán García es el alcalde de Valle Gran Rey, que antes era de CC y ahora está en el PSC. Está imputado por un presunto delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
El alcalde socialista de Teror, Juan de Dios Ramos, está imputado por un supuesto delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio. También ganó en las urnas el exalcalde de Icod de Los Vinos (PSC), Juan José Dorta, que está imputado por un presunto delito de prevaricación.
El alcalde de El Rosario (PSC), Macario Benítez, está imputado por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias relacionado con la aprobación del Plan Parcial El Varadero en ese término municipal. También está imputado Jaime González Cejas, exalcalde de Granadilla de Abona (PSC) y quiere repetir.
Por su parte, Domingo González Arroyo, exalcalde de La Oliva (PPM), está imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio. Fue el segundo partido más votado en ese término municipal.
El alcalde de Tazacorte (UB), Ángel Pablo Rodríguez, está imputado por en "caso Los Tarajales".