La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido hoy su petición de dos años de prisión para el etarra Aitor García Justo, acusado de cooperación necesaria en un delito de depósito de explosivos presuntamente utilizados en actos de "kale borroka" en San Sebastián a finales de los noventa.

A preguntas de su defensa, García Justo ha negado haber tenido conocimiento de que existiera un almacén de explosivos en el sótano de la asociación cultural donostiarra "Herria", en la que él desarrollaba labores como vocal, y ha afirmado que bajó por última vez al sótano un año antes de que tuviera lugar el registro policial, desarrollado en la madrugada del 14 de junio de 2000.

Según la Fiscalía, en dicho lugar fue encontrada "numerosa documentación, publicaciones y propaganda de diversas organizaciones de la izquierda abertzale y de la organización terrorista ETA", así como "material utilizado habitualmente para la realización de acciones de la llamada ''kale borroka''".

El único perito que ha declarado en la vista ha confirmado la presencia en el lugar de botellas de combustible y cohetes, y ha explicado que éstos tenían las varillas partidas, característica de los utilizados para el incendio de cajeros por los miembros de la "kale borroka".

Por su parte, la defensa de García Justo -que no ha contestado a las preguntas del fiscal- ha pedido la libertad de su patrocinado porque considera que, tal como sucedió en el juicio a otros catorce imputados por estos mismos hechos -que resultaron absueltos el pasado mes de enero-, hay una "ausencia de prueba" que permita incriminar a su representado.

Esta letrada ha manifestado que los "objetos explosivos" estaban "fuera del alcance visual de las personas que bajaran a dicho sótano" y ha sostenido que al sótano tenía acceso mucha gente relacionada con los miembros de la asociación cultural.

García Justo era considerado uno de los miembros del "núcleo duro" de la estructura de información de ETA hasta su detención el 9 de mayo de 2003 en Francia -donde fue condenado a 12 años de prisión- y fue entregado a la justicia española el 12 de junio de 2009 para ser juzgado por actividades anteriores a su huida a Francia.