> Baltasar Garzón ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que le absuelva del delito de prevaricación por escuchar las conversaciones de los acusados en el caso Gürtel con sus abogados. El juez defiende que tomó esa medida porque esos abogados aparecían en operaciones de blanqueo de dinero, y con esas escuchas se buscaba evitar que los imputados siguieran blanqueando dinero desde la cárcel. El juez expone en un nuevo escrito muchos argumentos que ya empleó en recursos anteriores, y que fueron rechazados. El magistrado está suspendido de sus funciones por esta causa, además de por declararse competente para investigar las desapariciones del franquismo.

El juez Baltasar Garzón se prepara para el juicio que se celebrará contra él por escuchar a los presos por el caso Gürtel con sus abogados. Para ello, ha remitido al TS su escrito de defensa por un presunto delito de prevaricación y otro de vulneración de las garantías constitucionales por las intervenciones telefónicas que ordenó. Garzón ha solicitado su libre absolución.

En su escrito, el juez explica que las grabaciones eran imprescindibles, porque "algunos abogados venían apareciendo en operaciones de blanqueo de dinero". Por ello, las escuchas buscaban evitar que los imputados siguieran cometiendo sus delitos desde la cárcel. Los indicios con que contaba el juez "hacían evidente" que los imputados en prisión preventiva tenían previsto continuar con su actividad delictiva y seguir con los blanqueos de dinero.

Como no podían hacerlo solos desde la cárcel, tenían que contar con alguien, y aquí es donde entra la colaboración de terceras personas, "abogados o no", que pudieran entrar en contacto con ellos "mediante visitas y entrevistas en el centro penitenciario". Además, en su defensa el juez explica que ordenó la expulsión de lo que en las grabaciones se refería al derecho de defensa.

Las escuchas se produjeron, pero no se utilizó la información que se obtuvo, en contra de los imputados: Francisco Correa, Pablo Crespo o Antoine Sánchez, ya que el objetivo era seguir el rastro fuera de España del dinero presuntamente obtenido por la trama corrupta. Además, las escuchas fueron advertidas "desde el primer momento" por un funcionario de Garzón a uno de los abogados, según defiende el escrito.

La defensa del juez pide asimismo que comparezcan algunos testigos. Entre ellos, el magistrado Antonio Pedreira, que es quien investiga actualmente la presunta trama corrupta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), así como al ex fiscal de la Audiencia Nacional y abogado de uno de los imputados en la misma Ignacio Peláez, autor de la querella que inició este procedimiento.

DECLARACIONES DE POLICÍAS

En el escrito, Garzón solicita además la declaración del Comisario Jefe de la UDEF y de dos funcionarios de este cuerpo policial de investigación de delitos económicos, que fueron los que le solicitaron la intervención de las comunicaciones, así como la de un funcionario que participó en las escuchas.

Esta querella contra Baltasar Garzón la presentó el abogado Ignacio Peláez, defensor en esta causa del empresario José Luis Ulibarri, y a ella se sumaron después otros letrados, que solicitan que Garzón sea inhabilitado durante 17 años. La Fiscalía no acusa en ese procedimiento, porque entiende que el aún titular del Juzgado de Instrucción número 5 no ha cometido ningún hecho delictivo.

A lo largo del escrito, de 27 páginas, la defensa de Garzón, que ejerce el abogado sevillano Francisco Baena Bocanegra, repite los mismos argumentos ya esgrimidos en los abundantes recursos que ha ido presentando en esta causa, y pide de nuevo su archivo. Una de sus argumentos es que Pedreira prorrogó por un mes la intervención de las comunicaciones una vez llegó el caso al TSJM tras inhibirse Garzón por la existencia de aforados.

Entre las pruebas documentales en su defensa, Garzón solicita que se incorpore la resolución judicial por la que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el TSJM acordó revocar el sobreseimiento de las actuaciones respecto de los abogados Manuel Delgado Solis y José Antonio López Rubal, de los que el juez suspendido sospechaba que colaboraban ocultando el dinero de la trama, y que a día de hoy siguen imputados.

También pide que se aporte un volcado informático de las grabaciones íntegras de las escuchas (ya que en la causa sólo obran fragmentos de las mismas tras la realización de un expurgo) un informe de la Agencia Tributaria sobre las estructuras fiduciarias del cabecilla de la "Gürtel", Francisco Correa, y de su gestión por parte del abogado Luis de Miguel y otros letrados del mismo despacho.

En síntesis, la defensa de Garzón solicita casi todas las pruebas en su defensa que le han sido negadas durante la instrucción del caso por el magistrado de la Sala de lo Penal de este órgano Alberto Jorge Barreiro.