"Lo intentamos por todos los medios, pero no hay manera". Así de claro muestra su impotencia el viceconsejero autonómico de Industria y Energía, Juan Pedro Sánchez, ante la falta de receptividad del Gobierno estatal respecto a la posibilidad de que Canarias quede al margen del recorte de las primas a la energía fotovoltaica.

El Ejecutivo autónomo ha intensificado su interlocución con el Ministerio de Industria para que éste acepte, sobre la base de las especiales condiciones del sistema energético del Archipiélago, una excepción a la aplicación del Real Decreto 14/2010, que reduce la retribución de la producción de las placas solares para ahorrar costes. Como Canarias acumula más horas de sol al año, los empresarios del ramo se han movilizado desde principios de año para que el Estado dé marcha atrás en una medida que, advierten, perjudica especialmente a las Islas.

Según Sánchez, el Gobierno de Canarias seguirá negociando con el poco margen que queda por las inminentes elecciones del día 22, pero no se sumará a los recursos contra el decreto que han interpuesto ante el Tribunal Constitucional Murcia y la Comunidad Valenciana. "No lo vemos y, por ahora, no nos lo planteamos", apunta al respecto el viceconsejero, que recuerda, para significar la posición isleña, que Coalición Canaria votó en contra del decreto cuando se validó en el Congreso.

Industria confía en ahorrarse 2.220 millones de euros recortando durante tres años -hasta 2013- el número de horas por el que las plantas fotovoltaicas tendrán derecho a recibir prima.

El sector considera "retroactiva" tal medida y, en el caso canario, sitúa en 100 millones la pérdida de ingresos, el 30% del total previsto para este trienio. Será el resultado de un "agravio comparativo", sostiene la Asociación Canaria de energías Renovables, que argumenta que las instalaciones del norte de la Península, por ejemplo, apenas verán mermadas sus primas porque suman menos horas productivas a lo largo del año.

Por un nuevo decreto

Además, ha advertido de que la nueva legislación ahuyentará las inversiones extranjeras en los parques solares del Archipiélago.

Cabe precisar que la petición del Gobierno autónomo, que ha trasladado al Estado la inquietud de los empresarios del sector y de las Cámaras de Comercio canarias -que reclamaron la actuación del presidente, Paulino Rivero-, no se ciñe a la energía fotovoltaica. Sánchez señala que la meta es lograr un sistema específico "que incluya cupos, tarifas y demás", siempre basándose en el carácter insular de Canarias.

Ello se articularía mediante un nuevo decreto energético para las Islas que abarque también lo logrado en cuanto a cupos diferenciados en energía eólica.