El recientemente creado cuerpo de seguridad autonómico ha visto perjudicado su desarrollo por la crisis, motivo por el que el aumento de la plantilla de la Policía Canaria ha tenido que ser frenado hasta 2013. Según las previsiones del Ejecutivo canario, será ese año, momento en que se espera que se haya superado el "bache" económico, cuando se pueda aumentar el catálogo de esa fuerza de seguridad en cien agentes más.
En esta misma línea, el Gobierno canario prevé un crecimiento progresivo de la plantilla durante los siguientes diez años, hasta culminar en 2023 con un total de 1.700 funcionarios públicos, siempre y cuando "la situación económica así lo permita", según aseguran fuentes de la Consejería de Justicia y Seguridad.
De esta forma, el Ejecutivo canario espera que en el plazo de diez años, a partir de 2013, aumente la plantilla del cuerpo de seguridad autonómica en un total de 1.600 agentes.
Será a partir de esa fecha (2013), con este aumento del número de agentes, cuando el Cuerpo de la Policía Canaria pueda comenzar a asumir al 100 por cien algunas de las competencias que se le han transferido de los cuerpos de seguridad del Estado.
Hace un mes, el Ministerio del Interior y el Ejecutivo canario firmaron un acuerdo de coordinación entre las fuerzas de seguridad del Estado y la Policía Canaria, por el cual ambas fuerzas colaborarían en el traslado de menores y la vigilancia en el entorno de los centros de Enseñanza Secundaria, y progresivamente los agentes autonómicos asumirían el resto de competencias que establece la Ley.
Este acuerdo, hasta ahora y en la medida en que el número de funcionarios públicos lo permite, se está cumpliendo.
Solo colaboraciones
Respecto a los traslados de menores, la Policía Canaria realiza en la actualidad diversos servicios, pero esto no implica que se haya transferido esta competencia al cien por cien, pues fuentes del cuerpo de seguridad autonómico reconocen que aún no tienen los suficientes recursos como para asumir este servicio en su totalidad.
En este sentido, la Guardia Civil certifica la colaboración de los agentes autonómicos para el traslado de menores y muestra su comprensión ante la limitación de personal del cuerpo de policía canario, por lo que continúan realizando algunos servicios cuando se les requiere.
En cuanto a la vigilancia de los centros de Enseñanza Secundaria, los funcionarios públicos autonómicos tienen a su cargo en la actualidad ocho institutos, cuatro en Las Palmas de Gran Canaria y cuatro en Tenerife (tres de ellos en la capital y uno en el Puerto de la Cruz).
El resto de los servicios en este tipo de centros en los grandes núcleos urbanos son realizados por la Policía Nacional, que "debe enviar a todos los coches que tiene patrullando en la calle a vigilar la salida de los institutos", según denuncia el Comité Provincial de Tenerife del Sindicato Unificado de Policía (SUP).
Estos servicios deberían ser competencia, al cien por cien, de la Policía Canaria, pero debido a su reducido número de agentes, un total de cien, repartidos equitativamente entre Gran Canaria y Tenerife, el Ministerio aceptó la transferencia progresiva de estos servicios.
Una vez se amplíe la plantilla, la Policía Canaria también deberá asumir otras competencias, como la vigilancia de los edificios de la administración canaria y la seguridad de altos cargos políticos, entre otras.
Se espera que, según lo previsto por el Ejecutivo canario, en 2023, con la plantilla de 1.700 agentes cubierta, el cuerpo de seguridad autonómico ya haya asumido todas las competencias que vienen marcadas por Ley.
Cabe recordar que en la reunión entre el Ministerio del Interior y el Gobierno canario también se acordó que el Cuerpo General de la Policía Canaria pudiera acceder a las bases relativas a huellas dactilares, señalamientos, vehículos y, más adelante, a las de DNI y violencia de género; mientras que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán consultar las bases sobre violencia de género y medidas cautelares del cuerpo de seguridad autonómico cuando lo crean necesario.