El Comité de Empresa de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda de la provincia de Santa Cruz de Tenerife denuncia, una vez más, "la ineficacia del Gobierno canario al afrontar la Ley de Dependencia, vulnerando la legalidad vigente, ya que emplea una media de 25 meses en la tramitación del diagnóstico y las ayudas, cuando el plazo establecido es de seis meses como máximo".

Así lo precisaron los representantes de los trabajadores en una rueda de prensa, donde recordaron que los sucesivos informes del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del Imserso, como el que contiene los datos hasta el presente mes de marzo, precisa que son 36.236 las solicitudes presentadas, pero solo cuentan con dictamen 29.672, de las que 24.945 tendrán derecho a prestación, y únicamente 11.189 se benefician actualmente de ellas.

De los expedientes aprobados, 14.307 corresponden al grado III y 8.265 al grado II.

Estos datos suponen que a un 60% de las personas que tienen reconocida su situación de dependientes (grado y nivel) en Canarias aún no les ha sido aprobado el servicio o la prestación a la que tienen derecho.

Comparando Canarias con otras comunidades españolas, según el citado informe, Andalucía es la que ha recibido las máximas solicitudes, con un total de 493.468, muy por encima de Madrid (140.007), Cataluña (289.732), País Vasco (104.248), Comunidad Valenciana (127.687) o Castilla y León (104.828), entre otras.

Lo curioso es que este informe aporta datos que causan extrañeza, como por ejemplo que Canarias no presta teleasistencia en ningún caso, ni tampoco ayuda a domicilio, mientras que otras comunidades, como Andalucía, registra más de 55.000 personas con teleasistencia y casi 48.000 con ayuda a domicilio.

Los datos aportados por la Comunidad de Madrid también son curiosos, puesto que de las 58.001 personas beneficiarias con prestaciones, sólo 2.430 tienen teleasistencia y 13.300 ayuda a domicilio, algo que causa extrañeza en una comunidad de millones de habitantes.

El total de las personas que han presentado solicitudes en España se eleva a 1.539.043 y las que tienen derecho a alguna prestación son 1.058.072.

Otras de las denuncias del Comité de Empresa de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario se refieren a que no se han aumentando los medios para solventar los retrasos.

En su opinión, son necesarios más recursos personales, en concreto, más administrativos para agilizar los trámites.

Asimismo, según los representantes de los trabajadores, "el personal fue contratado fraudulentamente mediante un contrato de obras y servicios, sin que hasta la fecha se haya corregido esta anomalía".

El comité añade que "la plantilla, que es insuficiente, está incompleta, porque falta por cubrir en Tenerife la plaza de jefatura de Servicio y la de jefatura de Sección de Valoradoras".

Por último, afirma que "desde noviembre de 2010 se han retirado los vehículos de alquiler, del que se había dotado a las valoradoras, por lo que se las presiona para que usen su vehículo particular, pero el retraso en el pago del kilometraje ha llegado a ser de hasta tres meses", indica.

Por este motivo, el comité afirma que el Gobierno canario "vulnera gravemente los derechos de personas con graves problemas de salud y las de sus familias, junto a que incumple la legalidad vigente".