Una media de 25 trabajadores del Ayuntamiento de Tazacorte, entre funcionarios, laborales fijos y empleados temporales, reciben cada mes, por decreto del alcalde, Ángel Pablo Rodríguez Martín, el pago de cantidades periódicas y regulares tipificadas como sobresueldos no recogidos en la nómina y justificados en concepto de "gratificaciones-productividad", lo que podría suponer un fraude de ley al no cumplir con la normativa que regula la contabilidad de las Haciendas Locales y el Estatuto Básico del Empleado Público.

Según los decretos económicos (ordenes de pago) a los que ha tenido acceso EL DÍA, se contabilizan desde el inicio de la legislatura (2007) el pago mensual de unos 8.000 euros a repartir en diferentes cantidades a cada trabajador, que van desde 200 euros (variables) que se le abonan periódicamente a una operaria de jardines hasta los 800 euros que percibe un funcionario que ejerce de secretario del ayuntamiento, lo que supone cada año una cuantía próxima a 100.000 euros con cargo a Tesorería.

Pero, según dicta la legislación, esas "gratificaciones no pueden ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo y deben responder siempre a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada de trabajo normal". Además, "no podrán exceder de un límite del 10% de la retribución básica del empleado". Por otro lado, el complemento de productividad tiene un límite del 30% y debe ser fijado por el pleno municipal.

No ocurre así en el caso de Tazacorte. El alcalde ha firmado desde el inicio de la legislatura resoluciones mes tras mes, convirtiendo la "gratificación" en un pago fijo y además con cantidades que sobrepasan el límite exigido por Ley, estipuladas de forma arbitraria. Además, estos pagos no se efectúan a todos los trabajadores.

La oposición los cuestiona no sólo por la supuesta irregularidad que se comete desde el punto de vista contable, sino por el fin con el que se conceden esas "gratificaciones". Consideran que en la mayoría de los casos son injustificables y que sólo encuentran sentido desde la perspectiva política.

Por ello, estos decretos económicos han sido cuestionados en varias ocasiones. El Centro Canario Nacionalista (CCN) a través de su portavoz, Aquilino Acosta, dudó recientemente de la legalidad del proceso en una nota de prensa en la que criticaba la gestión de los dineros que realizaba UB. A su vez, el Partido Socialista, a través de sus concejales, han realizado varias preguntas ante el Pleno municipal al tener constancia de la presencia de estos decretos que consideran ilegales.

Desde la oposición se asegura además que "se ha llegado a dar el caso de que se ha pagado productividad o gratificación a trabajadores municipales mientras se encontraban de baja".

lista de pagos

Ser afín a UB se recompensa

La oposición relaciona esos sobresueldos a cuestiones no vinculadas a la productividad. Señalan casos como el de una auxiliar administrativa, ex consejera del Cabildo y ex concejal de UB que recibe cada mes casi 250 euros de gratificación. Es sólo uno de los ejemplos que identifican con esta formación política. En los decretos sobresalen otros pagos: Encargado de obras (entre 350 y 400 euros), abogado (de 550 a 600 euros), auxiliares administrativos (de 250 a 400 euros), interventor (550 a 650 euros), recaudación (250 a 300) o la secretaría particular del alcalde (sobre 500 euros), entre otras.