El Ejecutivo regional dio a conocer ayer una nueva sentencia del Tribunal Supremo sobre la moratoria turística, que da la razón al Gobierno de Canarias y evita el pago de casi 175 millones de euros a Lorenzo Betancor Curbelo por los casos de Costa Adeje y Puertito Adeje, en los que reclamaba responsabilidad patrimonial.

La sentencia de instancia ya había sido favorable a los intereses del Gobierno y ahora el Supremo la confirma, yendo más allá de lo que fue el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en su línea ya firme de exigir la previa existencia de derechos consolidados.

El fallo del Tribunal Supremo (TS) considera que "no ha lugar" al recurso de casación que había presentado el empresario afectado, tras una anterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que desestimaba su reclamación. El TS condena, además, a la parte recurrente al pago de las costas del proceso.

Los magistrados del Supremo concluyen, en la misma línea que lo habían hecho los del TSJC, que en el supuesto analizado "no concurre" el requisito del carácter evaluable del daño que sólo se origina cuando se produce un "auténtico" quebranto patrimonial, "y no cuando sólo ha habido perjuicios subjetivos sin transcendencia económica objetiva".

Cabe recordar que con esta son ya varias las sentencias que gana el Gobierno de Canarias, tras un cambio de estrategia de sus Servicios Jurídicos. El primero de estos fallos se produjo en abril del año 2010, y en ese caso el Supremo dio la razón al Ejecutivo tras una sentencia que lo condenaba a pagar 4 millones de euros al Centro Helioterápico de Canarias.

Al margen de este fallo, el TS tiene pendiente de resolver varios recursos más por la moratoria turística. De los recursos presentados por el Ejecutivo regional en el Supremo, tras ser perdidos en el TSJC, destacan dos. En Gran Canaria figura el Plan Parcial Golf Meloneras, que ganó Lopesan en primera instancia con una indemnización de 48 millones de euros. El otro proyecto recurrido por el Ejecutivo es un proyecto de más de 6.000 camas en Pájara, en la isla de Fuerteventura, a través del Plan Parcial Dehesa de Jandía, cuyo principal promotor es también la empresa Lopesan. La suma de las indemnizaciones solicitadas por este proyecto es de 144 millones de euros.