La Sección Quinta de la Audiencia Provincial tinerfeña celebró ayer la segunda parte del juicio contra cuatro policías nacionales que, en 2006, se encontraban prestando sus servicios en la Comisaría Sur de Playa de las Américas y que se sientan en el banquillo acusados de un delito de abusos sexuales y otros dos policías de otros dos delitos de omisión del deber de promover la persecución de los delitos.

El fiscal solicita para M.F.G.M. una pena de 12 años de prisión al considerarlo autor material de un delito de abuso sexual en la persona de una súbdita británica el 8 de junio de 2006, cuando la víctima se encontraba en los calabozos tras ser detenida como autora de un delito de atentado y desobediencia a la autoridad por otros funcionarios del CNP cuando estaba ebria en la zona de bares de Las Américas. Lo cierto es que tal y como se ha desprendido de la vista, tanto este acusado como la víctima mantuvieron relaciones sexuales consentidas previas a su detención y traslado a los calabozos y pese a haber cursado la denuncia contra este agente y su compañero en los juzgados, cuando fue atendida de un golpe en el pie en un centro hospitalario no dijo nada de abusos, agresiones sexuales ni violaciones, sino a posteriori. Los peritos forenses que la examinaron el día 9 dijeron que en sus bragas existía semen del acusado, pero que "objetivamente no se puede decir que existen signos de abusos". Por otra parte, no presentaba hematomas, erosiones, u otro tipo de signos que demuestren que la súbdita británica fuera forzada.

Para el compañero de este procesado, J.J.S.T., el Ministerio Fiscal también pide una pena de 12 años de prisión, aunque sólo acompañara al anterior procesado a los calabozos.

Según se hizo constar ayer la víctima sólo se defendió, tal y como refirió la perito forense que la examinó, con gritos, pero no empujando ni intentando zafarse de su supuesto agresor si los abusos hubieran ocurrido realmente.

El hecho de que no compareciera la víctima en ninguna de las dos sesiones ha llevado a que la Sala suspenda durante un mes el resto de las pruebas e informes de las partes para intentar localizarla en su país de origen.

Para el encargado de los calabozos y para el inspector que coordinaba los turnos ese día se solicita una pena de un año por un delito de omisión del deber de perseguir los delitos.