El Gobierno británico quiere blindar a la monarquía frente a la ley que promueve la transparencia y el escrutinio público de los asuntos oficiales, incluso en el caso de que haya documentos que afecten al interés de los ciudadanos.

Los cambios fueron apuntados por el viceprimer ministro, el liberaldemócrata Nick Clegg, que abogó por extender la transparencia al mayor número posible de organismos que se benefician del dinero público, pero que estableció límites con respecto a la casa real.

El documento en el que trabaja el Ministerio de Justicia, difundido hoy por diversos medios de comunicación, afirma que habrá "protección añadida para la información en relación con las comunicaciones con los miembros de la familia real".

Esta protección especial que propone el Gobierno incluirá a "aquellos que escriben en su nombre, particularmente de la soberana (la reina Isabel), el heredero (el príncipe Carlos) y el segundo en la línea de sucesión al trono (el príncipe Guillermo)".

El objetivo es "proteger las antiguas convenciones que rodean a la monarquía y a sus registros, por ejemplo el derecho y el deber del soberano a ser asesorado, a animar y advertir a su Gobierno, así como el derecho del heredero a ser instruido en los asuntos del Gobierno en preparación de su futuro papel como monarca".

La iniciativa del Gobierno es un revés para quienes promueven que el secretismo no sea un privilegio de la monarquía y que se conozca mejor la situación financiera de la casa real, de las muchas propiedades que gestiona y del dinero público que recibe.

La cláusula en el marco de la Ley sobre Libertad de Información evitaría en el futuro conocer datos embarazosos para los Windsor, como ocurrió recientemente cuando se supo que la reina Isabel intentó aprovechar unas ayudas que el Gobierno da a las familias pobres para pagar la calefacción del palacio de Buckingham.

También frenaría la petición de estos activistas de que se dé a conocer la frecuente correspondencia que el príncipe de Gales mantiene con miembros del Gobierno, expresando sus opiniones y tratando de influir en la toma de decisiones políticas.

Maurice Frankel, jefe de la Campaña por la Libertad de Información, declaró al diario "The Independent" que proteger las comunicaciones escritas en nombre de la reina y el príncipe haría posible incluso "que los guardias de los parques reales" quedarán también al margen de la supervisión y el conocimiento público.

Frankel aseguró que el príncipe Carlos está detrás de esta iniciativa y que se ha dirigido a diversos miembros del Ejecutivo para conseguir que sus comunicaciones no se hagan públicas.

La propuesta también ha causado malestar en el seno del Partido Liberal Demócrata, que forma parte del Gobierno de coalición con los conservadores, que siempre ha defendido mayor transparencia.

El diputado Tom Brake dijo estar "decepcionado" y recordó que "la familia real recibe sumas sustanciales de dinero público", por lo que "hubiera sido apropiado que tuviera que rendir cuentas".

Ian Davidson, político laborista que formó parte del comité parlamentario de Cuentas Públicas, consideró equivocada la medida, porque "en el pasado, cada vez que examinamos las finanzas reales, encontramos extravagancias y lujos, así como claros abusos por parte de los miembros de segunda fila de la casa real".

Otro laborista miembro de ese comité, el parlamentario Paul Flynn, dijo a "The Independent" que la reforma que se propone es "indefendible" y añadió: "no creo que sirva demasiado bien a los intereses del público o a los de la casa real".