Una jueza aplazó hoy hasta el 21 de enero la vista preliminar del caso contra el empresario ruso Viktor But, conocido como el "mercader de la muerte", al que las autoridades estadounidenses acusan de tráfico de armas.

Los abogados de la defensa habían solicitado a la juez Shira Scheindlin el aplazamiento de la vista, prevista para el lunes, con el argumento de que necesitan tiempo para revisar la documentación presentada por la Fiscalía contra su cliente.

But, considerado uno de los mayores traficantes de armas del mundo, se declaró "no culpable" en un tribunal federal de Nueva York el pasado 17 de noviembre, un día después de llegar a territorio estadounidense tras ser extraditado desde Tailandia, donde había sido arrestado en 2008.

Las autoridades de EE.UU. acusan a But de vender a representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que eran agentes encubiertos, unos 800 misiles tierra-aire, 5.000 fusiles de asalto AK-47, explosivos C-4 y minas antipersonal, entre otras armas valoradas en varios millones de dólares.

Según la Oficina Federal de Investigación (FBI), también intentó adquirir una batería antiaérea y conspiró para asesinar a ciudadanos estadounidenses, delitos que conllevan la cadena perpetua en Estados Unidos.

But aseguró el pasado 2 de enero en declaraciones a la agencia oficial rusa RIA-Nóvosti que la Fiscalía le había ofrecido una pena de prisión más corta a cambio de información, a lo que se negó.

También acusó a las autoridades estadounidenses de llevar a cabo una "guerra" en su contra y la de su familia, lo que -a su juicio- pone en duda la imparcialidad de los jueces.

Oxfam, que sigue de cerca el desarrollo de este caso, señaló hoy que el proceso contra But es una prueba de la necesidad de un tratado internacional que regule el comercio de armas.

"Los vendedores de armas sin escrúpulos son expertos en explotar los vacíos legales, y sin un tratado vinculante que regule el comercio global de armas, les facilitamos aún más el trabajo", dijo en un comunicado el portavoz de la ONG, Oistein Thorsen.

En su opinión, el que las autoridades tuvieran que recurrir al engaño para poder armar un caso judicial en contra del supuesto traficante de armas demuestra la necesidad de establecer un reglamento internacional.

Oxfam recordó que en febrero se reanudarán en Naciones Unidas las sesiones preparatorias para la elaboración de un futuro Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), con miras a adoptarlo en una conferencia internacional en 2012.