El debilitamiento de la Unidad de Infancia y Menores del Cabildo tinerfeño debido a la reducción presupuestaria para 2011, que los 70 profesionales afectados conciben más bien como un desmantelamiento casi total, es rechazada de forma radical por el coordinador del fiscal de Menores de la Provincia tinerfeña, Manuel Campo, quien alerta de que resulta un profundo error buscar un ahorro en este ámbito "porque, al final, el dinero público que no te gastas en prevención, se duplica luego porque muchos menores conflictivos que podían haber evitado delinquir acaban haciéndolo y deben ser ingresados en centros".

Campo considera clave que se mantengan los programas con menores, adolescentes y familiares que desarrollan cinco ONG desde hace 13 años en la Isla, que han dejado a al Cabildo a la vanguardia en el Archipiélago en este área. "Aquí no cabe la palabra ahorro. Es como el chocolate del loro; se trata de un asunto muy importante y no debe quedar así, entre otras cosas porque es contraproducente precisamente desde el punto de vista económica, ya que, al final, las administraciones gastarán más si se debilitan o desaparecen estos proyectos".

Como a los 70 profesionales que se encargan de estas tareas, al fiscal le parece totalmente insuficiente el millón de euros anunciado el pasado martes por la consejera insular de Bienestar Social, Cristina Valido, para mantener los programas tras confirmarse que el resto de administraciones aportarán esa cantidad. Al tratarse de 700.000 euros menos que en los dos últimos años y 1,5 menos que hasta 2008, los empleados (trabajadores sociales, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos...) y el propio coordinador de los fiscales de menores consideran que la cifra pone en serio riesgo los proyectos, con más que posibles despidos y una precarización generalizada.

Según recalca, los 240 euros diarios que cuesta una plaza de internamiento de un menor conflictivo en un centro como el de Valle Tabares es mucho menos rentable para las arcas públicas que estos programas preventivos. Además, sostiene que los resultados no sólo son cualitativos, sino cuantitativos, "puesto que en los últimos años entraron cien menores menos en esos centros precisamente por el trabajo previo de protección, pasándose de 520 a 420 bajo tutela administrativa por su desamparo".

A su juicio, el salto que quedará ahora entre el trabajo en la primera intervención y la última de los ayuntamientos será muy alto y con demasiados riesgos. Asimismo, recuerda que, a medida que aumenta el número de menores ingresados, crece también los problemas internos, los riesgos de motines y, por ende, las indemnizaciones, "que pueden superar lo que ahora se quiere reducir".

"Si esto se consuma -avisa-, estaríamos ante un error tremendo y una ceguera absoluta. Los menores son los adultos de mañana. No se puede recortar estos programas cuando, al mismo tiempo, se leen noticias como que hay 3 millones de la Televisión Autonómica que no se sabe dónde están". Según subraya, todos sus técnicos avalan esta tesis y el resto de jueces de menores están también de acuerdo en el avance que se ha producido en Tenerife en este ámbito, hasta convertirse en pionero, progreso que ahora peligra.

Dado que estos programas benefician a unas 2.500 personas, los trabajadores se hacen muchas preguntas sobre qué ocurrirá, por ejemplo, con las 100 familias que han sido analizadas durante este año, cifra que ponen en duda para 2011. También se plantean qué les pasará a las 120 de media mensual que son atendidas, los 150 menores que reciben intervención terapéutica, muchos de ellos por malos tratos, los 90 extranjeros no acompañados en procesos de autonomía e independencia o la intervención especializada con los que consumen drogas, los 60 menores en procesos de integración laboral y otros muchos casos.