El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) denunció ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al Gobierno autonómico al entender que está incumpliendo el estatuto de los trabajadores, así como el convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad Autónoma, recortando de esta manera "los derechos de 60.000 empleados públicos sin haberlo llevado a la mesa de negociación sindical".

En una nota de prensa, el secretario de Acción Sindical del Sepca, Manuel González, aseguró que el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, pretende que los parlamentarios aprueben que en la Ley de Presupuestos de 2011 queden sin efecto "todos" los acuerdos y derechos adquiridos por los empleados públicos y sus representantes, así como cuatro artículos del convenio del personal laboral en materia de ropa de trabajo, ayudas de estudio, financiación de cursos, días de permiso, complemento de incapacidad laboral transitoria y liberación sindical institucional.

Igualmente, agregó, el jefe del Ejecutivo regional pretende que los parlamentarios den el visto bueno a una nueva competencia "de dudosa legalidad", a fin de determinar el alta médica de cualquier empleado público por encima de los criterios médicos del Servicio Canario de Salud (SCS), así como del procedimiento establecido en materia de Seguridad Social.

El secretario sindical, además, consideró que el Ejecutivo canario aplica medidas económicas "restrictivas" en la Ley de Presupuestos "para el empleado público pero no para los consejeros, altos cargos y asesores del Gobierno".

En tal sentido, Sepca ya ha propuesto que se equiparen las dietas de los altos cargos a las del resto de los empleados públicos, así como que las medidas restrictivas en todo caso "sean para todos".

Según Manuel González, "el presidente canario, que tanto habla de crear empleo en las Islas, está propiciando su destrucción, así como que en el marco de crisis en que nos encontramos pretenda la preparación de una Ley que garantice el sueldo vitalicio de los ex presidentes del Gobierno de Canarias y los recursos necesarios para su asistencia personal".

Gobierno incapaz

Por otra parte, pero también en relación con los recortes que se aplicarán en el próximo presupuesto de la Comunidad Autónoma, el presidente del Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas, Isidro Rexachs, dijo ayer que va a pedir la devolución de la competencia de Sanidad en Canarias al Estado español.

Rexachs anunció que están recogiendo firmas para entregarlas en la Delegación del Gobierno en Canarias el próximo lunes con una concentración previa de los trabajadores sanitarios, ya que considera que el Ejecutivo autónomo es "incapaz" de gestionar la transferencia de Sanidad y, además, tiene "una escasa sensibilidad" en esta materia. En su opinión, la reducción de los presupuestos sanitarios canarios del 11,72% casi triplica la media del Estado español, con un 4,22%, lo que significa "una mala gestión que va a perjudicar no sólo a los trabajadores sino a la salud de todos los canarios".

Rexachs dice que el sindicato no está dispuesto a soportar esta situación y que va a luchar en contra ella, porque están convencidos de que en Canarias se puede estar "en un mejor nivel de atención sanitaria". El doctor cree que no se puede gobernar a base de decretos o resoluciones "sino con negociaciones". "La solución no es la suspensión de todos los acuerdos sindicales, hay que negociar las situaciones", destacó.

En esa línea, Rexachs recordó el recurso contra el decreto 35/2010 sobre la IT -incapacidad temporal- con una reducción del 25% a partir del tercer mes, y la creación de una comisión evaluadora para poder dar altas y proponer invalidez, "cuando esa es una competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que no ha sido transferida a Canarias".