El auto de acusación del Juzgado Número Dos de Icod de los Vinos contra el ex alcalde Juan José Dorta Álvarez (PSC) y ocho ediles socialistas fundamenta las acusaciones de posibles delitos de prevaricación continuada en cues- tiones como la supuesta adjudicación irregular y reiterada de obras, servicios y suministros por valor de casi tres millones de euros a nueve empresas; la concesión de licencias con informes técnicos en contra para siete edificios y 23 viviendas, o la contratación "a dedo" de más de 40 personas.

El auto judicial, de 178 páginas, cita numerosas irregularidades que, en opinión de la juez, cometieron el ex alcalde y ocho de sus diez ediles: Maximino Fuentes, Jesús Manuel Rolo, Ramón Socas, Bernardo Martín, Ana María Pérez, Carmen C. Hernández, Luciano López y José Alberto Ruiz.

La Audiencia Provincial será la encargada de juzgar a estos ex gobernantes socialistas de Icod por varios delitos de prevaricación y prevaricación continuada y urbanística. Además, a Maximino Fuentes se le acusa de un delito contra la ordenación del territorio.

Juan José Dorta declaró recientemente a EL DÍA que en el auto "sólo se han detectado fallos e irregularidades en el procedimiento administrativo que día a día comete cualquier gobierno local. Teníamos que hacer obras y las hacíamos. Es imposible gobernar sin saltarse en ocasiones el correcto procedimiento".

Prevaricación urbanística.- El auto cita trece casos de posible prevaricación urbanística y continuada por la concesión de licencias con informes técnicos desfavorables, con "un claro desprecio" de la normativa urbanística y "en un intento de beneficiar a empresas y particulares". Informes donde, según el auto, incluso se advertía de la posibilidad de estar cometiendo delitos. En total, se otorgaron licencias irregulares para más de 150 viviendas en Icod, 58 de protección oficial.

Facturas sin contrato.- La juez instructora cita en su auto centenares de facturas pagadas sin seguir el procedimiento legalmente establecido, casi siempre sin mediar contrato ni concurso público. Nueve empresas cobraron del ayuntamiento de Icod alrededor de 2,8 millones de euros sin las mínimas garantías legales. El auto denuncia "la aprobación del pago de facturas a empresas cometiendo un fraude en materia de contratación mediante el fraccionamiento de pagos para poder encargar la obra a la empresa que por cualquier motivo se prefería".

Reiteración.- El auto dice que los acusados de esta gran cantidad de pagos irregulares actuaron así "de forma continuada, conscientes de que omitían el procedimiento legalmente establecido, y sin que mostraran ninguna intención de enmendar sus errores ni de cambiar su modo de actuar, impidiendo a otras empresas la posibilidad de realizar esas obras".

Construcciones Cirilo Icod.- En el auto se citan más de una docena de contrataciones irregulares a beneficio de la empresa Construcciones Cirilo Icod S.L. por valor de casi 400.000 euros. En la mayoría de los casos sin contrato ni proyecto de obra, "con una omisión total y absoluta del procedimiento administrativo de contratación, incurriéndose en vicio de nulidad de pleno derecho". En varias ocasiones se advierte de la existencia fraudulenta de contratos fraccionados para no superar en una única factura el importe máximo legal de 30.050 euros.

Fabilur SL.- Durante los ejercicios de 2005, 2006 y 2007 no se firmó ningún contrato de adjudicación de obras entre el Ayuntamiento de Icod y la empresa Fabilur S.L. Sin embargo, el auto indica que el consistorio le abonó una treintena de facturas por importe de unos 376.000 euros. De nuevo con fraccionamientos fraudulentos y "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

Expo Icod SLU.- Sin que se firmara ningún contrato de adjudicación de obras entre Expo Icod y el consistorio, la empresa recibió entre 2005 y 2007 unos 118.000 euros del ayuntamiento. Se repiten las mismas irregularidades.

Audio Sonimar SL.- Entre 2005 y 2007 tampoco se celebró ningún contrato entre Audio Sonimar S.L. y el consistorio; aún así, la empresa cobró alrededor de 180.000 euros por más de 70 trabajos adjudicados por el gobierno socialista sin cumplir el procedimiento legal.

Astepa de Asfalto SL.- Entre esta empresa y el ayuntamiento icodense tampoco se firmó ningún contrato de adjudicación de obras entre 2005 y 2007. Sin embargo, el consistorio pagó a Astepa de Asfalto unos 500.000 euros por alrededor de 40 obras adjudicadas sin respetar el procedimiento legal, también en muchos casos con fraccionamiento fraudulento, sin contrato ni proyecto de obra.

Invamayer SL.- Esta empresa tampoco firmó ningún contrato con el ayuntamiento en 2005, 2006 ni 2007 y, sin embargo, cobró unos 750.000 euros por más de 80 trabajos contratados de forma irregular, al margen del procedimiento legal establecido. El auto señala los mismos y reiterados incumplimientos anteriores.

Planet Proyectos.- Sin la existencia de expediente alguno para la contratación administrativa de Planet Proyectos Integrales S.L., el ayuntamiento le abonó unos 40.000 euros por cuatro trabajos contratados sin cumplir la ley.

Revista Pelicar.- El auto señala que el gobierno socialista del Ayuntamiento de Icod volvió a saltarse todos los trámites administrativos para la edición de varias revistas municipales Pelicar. En total pagó a la empresa Contacto alrededor de 135.000 euros.

Nortyflor.- Tampoco existe ningún contrato entre Nortyflor y el ayuntamiento en el periodo analizado. A pesar de esto, la floristería cobró más de 366.000 euros del consistorio, debido a la contratación irregular de más de un centenar de trabajos y suministros. Con importes que van desde los 24 euros de un ramo a los 44.050 euros de la decoración callejera de las Fiestas de San Marcos 2006. En este caso, la juez afirma que "durante mucho tiempo se favoreció a una sola floristería de Icod sobre las demás, que podían haber realizado ofertas de suministro más ventajosas para el ayuntamiento".

"A dedo".- También se denuncia un delito de prevaricación por contrataciones irregulares, "por parte de quienes proponían la contratación, los que salvaban los reparos y contrataban, y todos los que votaron a favor de convertir en indefinidos" a 43 trabajadores que "se habían contratado infringiendo el procedimiento legal, con lo que el equipo de gobierno estaba eligiendo a dedo al personal que era contratado por el consistorio, por afinidad personal, familiar o de partido".

La casa de Dorta.- En el auto se imputa un delito de prevaricación por omisión a Luciano López por no sancionar una infracción urbanística por obras ilegales en una casa propiedad del ex alcalde Juan José Dorta y su esposa.

El camino de Fuentes.- La juez instructora también señala en el auto que el concejal Maximino Fuentes Pérez dio el visto bueno a una obra adjudicada sin contrato para asfaltar e iluminar un camino que da acceso a una vivienda de la que es copropietario, junto a su esposa. Además, esto se aprueba sin que conste la titularidad pública del camino y "con un claro aprovechamiento personal y prevaleciéndose de su posición en el ayuntamiento", según indica el auto judicial.

La casa ilegal.- El auto también imputa al edil Maximino Fuentes Pérez un delito contra la ordenación del territorio por ordenar a una empresa que edificara una vivienda de dos plantas sin licencia y en suelo rústico como compensación para un particular al que se le ocuparon terrenos para la mejora de la carretera a Santa Bárbara.

Otras irregularidades.- También se acusa al ex alcalde de conceder "de forma totalmente arbitraria" y con informes en contra la prescripción del delito urbanístico de un particular; de dar el visto bueno a la compra de un libro cuya única relación con el ayuntamiento es que aparecía el ex alcalde, "en un claro aprovechamiento personal"; de contratar de forma irregular y con dinero público un abogado y un procurador para su propia defensa, o de excluir a la oposición de la Comisión Especial de Delegados de Servicios, saltándose la legislación vigente.