El presidente nacional del CSIF, Domingo Fernández, advirtió hoy que la crisis no se arregla suprimiendo la oferta pública de empleo, mostró su certeza de que en el Gobierno regional, cabildos y ayuntamientos "se pueden recortar gastos" y exigió datos sobre el número de asesores "y dónde trabajan".
Así lo consideró el dirigente nacional del CSIF en una rueda de prensa con motivo de su visita a Santa Cruz de Tenerife para explicar las razones por las que su sindicato no secundó la huelga general convocada el 29 de septiembre por UGT y CCOO, y su posición sobre la reforma laboral.
Domingo Fernández explicó que no entiende cómo el resto de sindicatos no cuestionan unas propuestas, como la de la reforma laboral, en la que las conquistas laborales sufren "agresiones", y por ello el CSIF "quiere poner este debate en la calle y si están de acuerdo con el modelo de Estado que queremos".
"No podemos admitir que todos los problemas de este país se resuelven reduciendo las retribuciones o el número de los empleados públicos", afirmó el presidente nacional del CSIF, quien abogó por examinar las necesidades de plantilla "colectivo a colectivo".
También defendió la necesidad de eliminar los gastos de la Administración pública que no mermen la calidad de los servicios, que se revisen las subvenciones y que haya más control y transparencia en la gestión.
En su opinión, los gastos de las administraciones públicas se están convirtiendo "en una losa que no soporta ninguna economía y que pone en cuestión el modelo de autonomías tan caro" del Estado español "y que no podremos soportar".
Señaló que el CSIF "no se ha encontrado por el camino" con el resto de sindicatos porque "tenían otras preocupaciones que consideraban más importantes, como la reforma laboral".
No obstante, también consideró que si se retoma el diálogo con la Administración el CSIF tiene "derecho a la negociación".
En cuanto al anuncio de que el Gobierno de Canarias suspenderá en 2011 la oferta pública de empleo, Domingo Fernández se mostró convencido de que Ejecutivo, cabildos y ayuntamientos podrán recortar gastos sin reducir el número de empleados públicos.
También reclamó que se difundan los datos sobre el número de asesores de cada Administración "en qué trabajan y cuántos pone cada partido", así como revisar qué empresas públicas deficitarias compiten con el sector privado.
Alertó además de que el no convocar oposiciones supone "aumentar la precariedad" porque si hacen falta médicos y maestros "habrá que nombrar interinos o contratar" personal externo.