Tres autoridades de vigilancia dotadas de personalidad jurídica supervisarán desde el próximo día 1 de enero las actividades de los bancos, las aseguradoras y los mercados bursátiles de la Unión, que también estrenará Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos (CERS), un organismo que estará encabezado por el presidente del Banco Central Europeo (BCE).

El nuevo sistema de supervisión financiera común, al que dieron luz verde el pasado día 7 los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) y que está previsto que reciba hoy, en Estrasburgo, el espaldarazo definitivo de la Eurocámara, pretende detectar a tiempo los grandes riesgos para el sistema y evitar prácticas abusivas del sector financiero que puedan llevar a una nueva crisis. De pasar el último trámite, la votación en el Parlamento Europeo, comenzarán los trabajos para establecer el nuevo sistema de supervisión en enero de 2011.

Los tres nuevos organismos, cuya creación fue anunciada en mayo de 2009, forman parte, como el CERS, de las nuevas estructuras de control financiero de la UE definidas a raíz de la crisis de las hipotecas "subprime", pero sus capacidades operacionales se han visto limitadas con respecto a los planes iniciales de la Comisión Europea. El acuerdo establece tres sedes geográficas diferentes, no definidas, para los nuevos comités de supervisión. Hasta ahora se barajaba la localización única de Fráncfort.

Las bases del acuerdo del pasado día 7 se pusieron cinco días antes, cuando la presidencia belga de la UE y representantes de la Eurocámara alcanzaron un principio de acuerdo sobre la reforma del sistema europeo de supervisión bancaria, cuyo objetivo es evitar futuras crisis. La novedad del acuerdo, según explicó uno de los ponentes parlamentarios, el eurodiputado popular José Manuel García-Margallo, es que se establece un "protocolo" para determinar cuándo se produce un riesgo sistémico.

Así, cuando a través de pruebas de estrés armonizadas se detecte que una institución financiera tiene problemas, la autoridad europea es quien toma el mando y decide qué medidas cabe adoptar (venta de activos tóxicos, recapitalización, nacionalización o liquidación ordenada).

Salvaguardar la solidez

La supervisión individual continuará siendo una competencia nacional, de modo que las cuatro nuevas autoridades europeas trabajarán conjuntamente con cada país para "salvaguardar la solidez financiera" a través de la vigilancia de las compañías financieras que tengan una dimensión transnacional. Además, los gobiernos tendrán la última palabra si llega el caso de que tengan que emplear fondos públicos para salvar bancos de la quiebra, pero las autoridades europeas podrán dirimir disputas entre los supervisores nacionales, prohibir actividades arriesgadas y tomar decisiones directas sobre los actores en casos de emergencia.

Para evitar que estas intervenciones las pague el contribuyente se establecerán dos fondos: uno de garantía de depósitos y otro de estabilidad, que deberán crearse en toda Europa y estar armonizados para impedir distorsiones en el mercado. Este esquema se revisará a los tres años de su puesta en marcha para comprobar si ha funcionado o si conviene realizar modificaciones.

Durante las negociaciones, que arrancaron durante la presidencia española de la UE, y gracias a las presiones de la Eurocámara, los Veintisiete han aceptado que las nuevas autoridades tengan además poderes para prohibir temporalmente operaciones que amenacen la estabilidad financiera, como las ventas a corto. Asimismo, en situaciones de emergencia, podrán dirigir directamente a los bancos decisiones de obligado cumplimiento, aunque sólo cuando haya una vulneración de la legislación comunitaria.

En todo caso, las autoridades no podrán adoptar ninguna decisión que pueda afectar a las responsabilidades fiscales de los Estados miembros; por ejemplo, que le obligue a inyectar dinero a un banco con problemas. Esta era la máxima preocupación de Reino Unido, que obtuvo una cláusula de salvaguarda reforzada que le permitirá apelar ante el Ecofin cualquier decisión de las autoridades que considere que pueda tener impacto presupuestario. Esta especie de freno de seguridad significa que la última palabra la tendrán los ministros de Economía de la UE.

Fueron las recomendaciones del Informe De Larosière, publicadas el 25 de febrero de 2009, las que han servido de guía en esta histórica reforma de la arquitectura de supervisión financiera comunitaria que crea el SESF y el CERS.

Advertencias

Una de las principales advertencias del grupo de expertos que redactó el Informe De Larosière es que la Unión Europea en su conjunto debe ser consciente de que aunque se logre identificar y ordenar adecuadamente los riesgos futuros a los que se enfrentan los sistemas financieros, si no existen mecanismos de presión e incentivos para actuar en consecuencia, "todos nuestros esfuerzos serán papel mojado".

El Grupo de De Larosière propuso dotar al SESF de funciones microprudenciales de vigilancia de la estabilidad de cada una de las entidades financieras, compartidas entre organismos comunitarios y de los estados miembros. En el Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos, con funciones macroprudenciales para prevenir y gestionar las crisis, el papel fundamental lo desempeñarían los bancos centrales integrados en el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Recibirá el apoyo técnico y logístico del Eurobanco (BCE) y debería coordinarse con las autoridades encargadas de la supervisión diaria de las entidades financieras individuales.

De entrada, la Comisión Europea asumió con agrado las sugerencias del Informe De Larosière. Ahora bien, algunas voces críticas se alzaron desde un primer momento para denunciar que, en su opinión, olvida la base del sistema financiero: la confianza del público, los usuarios del sistema, en bancos y cajas de ahorros. Estas quejas las plasmó en una carta abierta al presidente Durao Barroso el Grupo de Expertos en Servicios Financieros de la Comisión Europea. Y la respuesta no se hizo esperar. En una comunicación, la Comisión Europea puso los medios para que los usuarios de los servicios bancarios puedan establecer un diálogo con los supervisores que contribuya a restablecer cuanto antes la confianza de los ciudadanos en el sistema financiero.

Detectar debilidades

El Informe De Larosière, que realiza un diagnóstico de las causas de la crisis y centra su atención en los cambios que precisa la supervisión financiera en Europa, plantea reformas que agrupa en dos bloques: supervisión macroprudencial y supervisión microprudencial. El primero está orientado a crear un marco de análisis que permita detectar debilidades o riesgos potenciales en los sistemas financieros considerados en su conjunto. Comprendería también el manejo de los medios que sirvan para evitar, o al menos atenuar, el contagio. Por su parte, la reforma de la supervisión microprudencial consiste en la creación de tres autoridades (las que recibieron el visto bueno de los ministros de Finanzas de la Unión el pasado día 7) que hunden sus raíces en los tres comités europeos de supervisores. El reto es conseguir una mayor convergencia, cooperación y coordinación entre los supervisores nacionales. La inspección diaria de las entidades continuará siendo de responsabilidad nacional.

Hay que destacar que una de las principales consideraciones del Informe De Larosière, redactado a solicitud del propio presidente del órgano ejecutivo de la Unión, José Manuel Durao Barroso, es que es necesario exigir a las entidades de crédito más recursos propios y de mejor calidad. La idea central que guía a los expertos de este grupo de trabajo es que las normas de prudencia y los esquemas contables deben establecer unos colchones de capital de reservas y provisiones que permitan amortiguar las tensiones que genera el ciclo de los negocios, y que los criterios de gobierno y gestión de las entidades ha de proporcionar un marco donde primen estrategias a medio plazo y el control de los riesgos.