La primera comisión parlamentaria de Asuntos Sociales del nuevo curso político, celebrada ayer en la Cámara regional, transcurrió serena y con el acuerdo de los cuatro grupos en todos los temas tratados, excepto en el debate sobre la situación de desprotección de los menores en Canarias, donde se dejó traslucir cierta disconformidad de la diputada socialista Olivia Cedrés con la comparecencia de Inés Rojas, consejera regional del ramo.

"Me preocupa la cronificación de las situaciones de riesgo", manifestó Cedrés, quien resaltó que, en materia de menores, el mayor esfuerzo lo realizan los equipos técnicos desde los ayuntamientos.

En su opinión, "es peligroso que se cronifique la pobreza o los menores en riesgo".

En esta comparecencia, instada por el Grupo Popular, Rojas cifró en 378.577 la población infanto-juvenil de Canarias, con datos a 31 de diciembre de 2009, de los que un total de 3.514 se definen como niños en riesgo de desamparo, "una cifra que si bien puede parecer alta, da más seguridad y tranquilidad" porque quiere decir que a las instituciones que trabajan con menores "no se les escapa ningún caso de situación de riesgo y, por tanto, se puede evitar que el menor cai-ga en desamparo", explicó Inés Rojas.

Además, la consejera precisó que en 2009 se iniciaron 929 expedientes de riesgo, de los que se firmaron resoluciones de desamparo en 204 casos.

En Canarias, apuntó la consejera, hay 2.416 niños con una medida de amparo que puede ser de tutela, de guarda o de acogimiento familiar, "un 0,6 por ciento de la infancia del archipiélago".

De ellos, 1.057 viven en hogares y centros tutelados por el Gobierno canario y 1.359 en acogimiento familiar. Asimismo, hizo hincapié en que Canarias "tiene los mecanismos necesarios para detectar no sólo a la infancia que pueda estar desprotegida, sino incluso tiene la capacidad de detectar a la infancia en riesgo de desprotección".

Para ello, la Administración autonómica cuenta con dos "excelentes" herramientas: la ley del Menor y el Plan Integral del Menor, dos mecanismos -uno normativo y otro de planeamiento- que fueron pioneros y contaron con la participación de todos los agentes sociales e instituciones que tienen que ver con la atención a la infancia en Canarias.

Rojas añadió que, a todo lo anterior, se suma el apoyo financiero del Gobierno canario, que se concreta en 70 millones de euros anuales que han supuesto, con respecto al inicio de esta legislatura, un incremento del 40 por ciento respecto a años anteriores.

Cedrés aseguró que 37 municipios canarios solicitaron un equipo de riesgo en 2007 y a 33 de ellos se les bajó la subvención.

Sin embargo, la socialista Olivia Cedrés señaló que en la detección precoz de menores en riesgo de desamparo "radica el acierto de las intervenciones de muchos profesionales que dedican un ingente trabajo para lograr el objetivo, que no es otro que no declarar ningún desamparo más y que ningún menor se vea institucionalizado".

Para la diputada de la oposición, "es difícil conocer qué acciones ha de acometer la Consejería respecto a esta materia si no se evalúa, analiza y actualiza en nueve años el Plan Integral del Menor, ya que la única actualización que se conoce es la de 2001".

Por parte de Coalición Canaria, el diputado Francisco Acosta destacó que la prevención es "la mejor herramienta" para poder disminuir el numero de menores en situación de riesgo, y celebró que en Canarias se haya avanzado de una manera "notable" en este sentido, para lo que consideró que ha sido "fundamental" la aplicación de La Ley y el Plan del Menor, y la implicación de todas las administraciones junto al entorno familiar y los centros educativos.