El secretario general del PP de Canarias, Manuel Fernández, reconoció ayer que durante el pasado mandato en el Ayuntamiento de Santa Cruz, el PP recurría a "subterfugios" para financiar al partido, pues dijo que "una ley anacrónica" que regulaba su actividad financiera le impedía determinados gastos como contrataciones para informes, que sí lo podían hacer los partidos, reconoció Fernández.
En unas declaraciones a Radio Club Tenerife, Fernández rechazó de plano el calado y características de algunos de los gastos de los grupos políticos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el pasado mandato (2003-2007), aunque matizó que "las apariencias engañan".
En este sentido, señaló que en el periodo en que se fiscalizó por parte de la Intervención General la actividad de los partidos políticos de la corporación en dicha época (CC, PP, PNC y PSC), se debía buscar una fórmula que permitiera hacer una correcta labor de los grupos, ya que los partidos eran los únicos que podían aportar informes técnicos y medios para desempeñar una labor adecuada.
Así, dijo que, como no se podía financiar a través de los fondos de los grupos y no se podía hacer directamente, hasta que cambió la ley, en la etapa de Cristina Tavío en la corporación municipal, "se hacía el gasto; se daba una subvención al partido, que podía contratar tranquilamente y, a continuación, se justificaba este dinero mediante la aportación de facturas donde cada uno de los concejales se metió la mano en el bolsillo y sacó las facturas personales que tenía para cubrir ese dinero".
Remarcó que "es absurdo que nadie coja dinero para comprar una ropa interior o un paquete de papas, porque tienen que firmar dos personas en el grupo, ya que eso es una niñez y una imbecilidad absoluta". Explicó que en el caso del PSC, el sistema de financiación del partido fue mediante el destino de los fondos de manera directa, "sin pasar por la apariencia de presentar facturas que no se corresponden con la realidad".
Dijo que esta realidad ha cambiado con la modificación de la ley, "que ya no obliga a adoptar este subterfugio" y lanzó un llamamiento a "la tranquilidad" sobre la actividad de los grupos políticos, pues "han hecho un uso correcto de los fondos, pero la ley les obligó a hacer subterfugios".
Manuel Fernández remarcó que los concejales "no tenían facturas", y que por ello aparecen conceptos como ropa interior, bebidas y otros gastos con los que "se trató cubrir el expediente y cuadrar el debe y el haber". Señaló que, cuando se presentaron las cuentas, "todos los partidos eran conscientes y no entraron en el fondo de cada factura porque era un disparate".