El Cabildo de Tenerife es responsable subsidiario de los daños que puedan sufrir sus menores tutelados que viven en sus centros, como es el caso del Hogar Sagrada Familia, antigua Casa Cuna, donde se están investigando presuntos abusos por parte de un educador, y la abogada que representa a dos de ellos solicita la indemnización de 100.000 euros para cada uno.

En este sentido, el Cabildo precisó, en un comunicado remitido ayer, que el sistema público de atención a la Infancia cuenta con un conjunto de protocolos de actuación y mecanismos de control que permiten detectar posibles situaciones abusivas de adultos hacia niños.

Precisa que "desafortunadamente, y en casos muy puntuales, se detectan indicios de conductas inadecuadas que desencadenan actuaciones para apartar al adulto del contacto con el niño, así como activar mecanismos de protección social (policía y juzgado), además de acompañar y arropan al niño y su familia".

Asegura que "los centros de protección de menores de Tenerife cuentan con dichos mecanismos, y gracias a los mismos, se observó hace más de seis meses un conjunto de comportamientos del imputado que aconsejaron activar el protocolo de coordinación con los Servicios y Fuerzas de Seguridad del Estado, a fin de realizar las oportunas pesquisas e indagaciones policiales".

Precisa que fue "la Unidad de Infancia y Familia del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife, quién informó a la policía de las "sospechas", que tras practicar la oportuna denuncia, provocaron el inicio de una investigación que culmina en actuaciones por parte del órgano judicial. Actuaciones que continúan, ya que el procedimiento no ha finalizado".

Apunta que "todo este procedimiento ha sido oportunamente informado a la Dirección General de Protección del Menor y la Familia de Canarias y a la Fiscalía de Menores".

En su opinión, "nunca antes se tuvo conocimiento de que el imputado pudiese estar cometiendo dichos delitos; ya que, de haberlo sabido se hubiesen tomado las medidas oportunas, tal y como se hizo desde la Unidad de Infancia y Familia del IASS hace más de seis meses".

Por último, el Cabildo hace un llamamiento "a los medios de comunicación y se apela a su ética profesional para que hagan un ejercicio de responsabilidad, ya que el uso actual de la información está provocando un daño incalculable e irreparable a los niños acogidos en los centros de protección".