La Plaza de Toros de Santa Cruz sigue igual, a pesar de que hace dos años se anunció que se reformaría y se abriría para el disfrute del público, con el acceso de los peatones desde la Rambla hasta el interior del ruedo, además de plantear un edificio de 12 plantas frente a la iglesia del Sagrado Corazón, aspectos que se incluyen dentro del proyecto "Plaza de Todos", ganador del concurso de ideas, elegido por el pueblo tras su exposición pública, con un dato que gustó a todos: mantenía la fachada.

El 30 de junio de 2008 se vivió un día de desahucio en los pequeños negocios de esa plaza, el restaurante El Burladero, la discoteca Triboo y el negocio El Arena.

El desalojo judicial se produjo con rapidez, de un día para otro y dejó en el camino a familias en la calle.

Una de esas familias, la de Teresa Perera, quizá fue la más perjudicada. Asegura que se sintió engañada por la persona que le arrendó el negocio, "un tal Pepe el gallego", que no les comunicó (ni a ella ni a su marido) nada de que hubiera una sentencia firme de desahucio.

Según Perera, "el desahucio vino por la empresa Alicur, la que se quedó con la mayoría de las acciones de la plaza".

Este periódico contactó también con el gerente de Alicur, Rafael Martín, quien explicó que el desahucio "se produjo por impago de una cantidad importante de miles de euros", que, según Martín, "debía un intermediario que llevaba allí los negocios".

Martín apuntó que los propietarios de la plaza nunca fueron contra los negocios particulares que estaban abiertos en ese momento en la Plaza de Toros, "sino que se trataba de una deuda del intermediario, que había subarrendado a otros particulares", recalcó Rafael Martín.

El responsable de Alicur puso de manifiesto que la entidad Plaza de Toros es una comunidad de bienes, formada por mil acciones.

Negó que Alicur tenga la mayoría de ellas, y dijo que simplemente es dueño de unas cuantas.

Sin embargo, este periódico publicó en su edición del 19 de agosto de 2006, la información titulada "Vendida la Plaza de Toros", donde se informa de que la empresa Alicur es "nueva propietaria del 80% del accionariado y dirige el Consejo de Administración desde el 12 de julio" de 2006. Además, en la misma información se precisa que el proyecto mantendrá las arcadas de Sánchez Pinto y la Rambla, y el coso como plaza pública. También se anuncia que el resto se demolería para alinear las Ramblas y hacer dos edificios con jardines y garajes privados.

Este periódico también contactó con Pepe Barreiros, apodado "el gallego", quien negó que él fuera el intermediario culpable del impago a Alicur.

Manifestó que ese intermediario del que se habla "es una empresa de la Península", cuyo nombre no recordaba, y recalcó que él no era el moroso que se busca.

Aseguró que él abonaba mensualmente su dinero, en una cuenta corriente, a esa empresa peninsular y recalcó que tiene todos los recibos que lo justifican. Asimismo, apuntó que el intermediario de la península trataba en Santa Cruz con la familia Ojeda.

Barreiros hizo hincapié en que él también se considera de los afectados. Explicó que, por ejemplo, la maquinaria que había en "El Burladero" era suya y no la pudo recuperar porque se enteró del deshaucio -como todos- con un par de días y estaba fuera de Tenerife.

"Si se me avisa con un mes de plazo quizás podría haber recuperado mis enseres", criticó.

Explicó que quizás se le relacione con el famoso intermediario "porque yo era el arrendatario más antiguo de todos, el que montó el Mesón Gallego (en el mismo lugar en el que después estuvo El Burladero) y tenía las llaves de la puerta trasera y me encargaba de los arreglillos". Dijo que forma parte de la comunidad de bienes de la Plaza de Toros, porque "cuento con dos participaciones".

Sin embargo, al ser preguntado si asiste a las reuniones de esa comunidad, respondió que nadie le avisa y que sería muy difícil asistir puesto que ahora vive en la península. En este sentido, Martín, de Alicur, señaló que la comunidad no está manteniendo reuniones. "¿Para qué?", se preguntó.

Pepe Barreiros recalcó que es otro afectado y precisó que, nada más enterarse por carta del desahucio, "solicité, a través de un abogado su aplazamiento, para poder sacar todo de allí".

Hizo hincapié en que él era también un inquilino de la empresa peninsular y tenía su permiso para subarrendar su local a otra persona, como finalmente hizo.

Respecto al proyecto planteado con tanta urgencia hace dos años, Martín dijo que no se puede hacer nada porque todavía no se ha aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz (PGO).