¿Qué numero de ayuntamientos? ¿Con cuántos habitantes? ¿Quién estaba primero? ¿Qué pasaría en El Hierro y en La Gomera? Estas son algunas de las preguntas que se hacen los miembros de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), después de que el ministro de Fomento, José Blanco, abriese el debate sobre la posibilidad de eliminar consistorios -con menos de 15.000 habitantes- y diputaciones provinciales -no citó a los cabildos-, como medida para hacer frente al déficit público y, por ende, para reducir gastos.
Con una mezcla de incertidumbre e indignación, el vicepresidente de la Fecam, Fernando Bañolas, advierte de que la situación de los ayuntamientos es lo bastante dura como para lanzar propuestas "sin base, a ver qué pasa".
El también alcalde del municipio de Santa María de Guía, en Gran Canaria, considera que cuando se lanza una propuesta de este calibre "tiene que ser clara y determinada", porque, entre otras cosas, "habrá zonas en las que será posible llevarla a cabo y otras en las que no será viable". "Canarias no es como la Península, donde hay ayuntamientos con menos de 300 habitantes", sostiene.
Sin entrar en consideraciones jurídicas, puesto que parece que en este aspecto no hay dudas sobre la viabilidad de suprimir ayuntamientos, Bañolas remarca que cada administración municipal tiene su propia problemática y equipación; por tanto, duda de que esta reducción se pueda ejecutar. Es decir, que al margen del problema jurídico, es el problema político el que puede frenar una hipotética supresión de municipios.
Competencias.- Es en este punto donde surge el otro debate, el de las competencias. Considera Fernando Bañolas que este sí es un debate "serio", que no es nuevo pero que se ha ralentizado. En este sentido, aboga por que se desarrolle "de una vez por todas" la Ley de Financiación de las Entidades Locales y dejar claras las competencias de cada una de las administraciones. "Esta norma, que el Partido Socialista se había comprometido a llevar al Parlamento a lo largo de esta legislatura, no se ha ejecutado", lamenta el alcalde grancanario.
"A partir ahí podríamos comenzar a hablar de la eficiencia y la eficacia de las administraciones", subraya el vicepresidente de la Fecam, quien insiste en que "lo primero" es tratar de evitar la duplicidad de actuaciones.
En este sentido, recuerda que los consistorios tienen un 30% de las competencias sin financiar, "y eso también nos causa muchos pesares, porque si los ayuntamientos nos ceñimos a lo que dice la ley, la carga financiera sería otra, mucho menor".
La deuda municipal, un 0,2%.- El otro camino a seguir para que los ayuntamientos comiencen a mejorar la citada eficiencia, abunda el regidor de Santa María de Guía, es la mancomunación de servicios. "Eso lo podría entender", afirma, pero al mismo tiempo advierte de que las administraciones locales "sólo" son causantes del 0,2% de la deuda pública, y de ahí, más de la mitad proviene de los grandes ayuntamientos.
"Nosotros no somos los causantes del problema", subraya Bañolas, quien remarca que se vienen "apretando el cinturón" desde el año 2008. "Lo llevamos apretadito y sabemos que tenemos que apretarlo más, pero también queremos que las cuestiones que se pongan encima de la mesa sean serias", argumenta.
La opinión del profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Laguna, José Adrián García Rojas, no dista mucho de la del vicepresidente de la Fecam. El experto universitario aclara, antes que nada, que esta discusión no afecta a los cabildos, en tanto en cuanto no están incluidos en la Constitución como una de las tres entidades territoriales básicas -comunidades autónomas, provincias y municipios-, sino que tienen un régimen especial dentro del artículo 141.4.
Así, García Rojas estima que "no se pueden cargar de un plumazo" las diputaciones provinciales, puesto que eso implicaría la eliminación de las provincias, y para eso que habría que reformar la Constitución. "Otra cosa es que hagan lo que ocurre en Canarias, es decir que se creen las mancomunidades provinciales interinsulares", reflexiona el profesor de la ULL, quien considera que para esta posibilidad no sería necesario modificar la Carta Magna, porque lo que se podría hacer es que las diputaciones siguieran existiendo, pero sin competencias. "Aplicando esta fórmula se eliminarían un gran número de cargos públicos", asegura García Rojas.
Respecto a los ayuntamientos, el experto de la ULL destaca que no ve ningún problema legal, porque, de hecho, está en el espíritu de la Ley de Bases de Régimen de Local, y, además, las políticas en España siempre han ido dirigidas a disminuir el número de municipios. Considera que los impedimentos son más de tipo social y político - también histórico-, por lo que cree que habría que hacer una política tendente a que los más pequeños se integraran en los mayores. "Pero todos sabemos que hay rivalidades", matiza.
Minifundismo español.- En este sentido, explica que en España hay un "minifundismo" municipal, mucho más fuerte en la Península que en Canarias, en el que se dan casos de municipios con menos de 50 habitantes. "Esto es absolutamente inviable, pues se suele decir que una localidad tiene una cierta viabilidad económica con una población de 20.000 habitantes", subraya. Con todo, reconoce que estos pequeños municipios suelen mancomunar servicios, una fórmula que, a su juicio, está extendida en el Archipiélago, "pero con poco éxito".
En cualquier caso, y sobre la posibilidad abierta por el Gobierno central, José Adrián García Rojas advierte de que la eliminación de ayuntamientos no se puede hacer "por decreto", puesto que la Administración central se encontraría con muchos problemas y sería un proceso muy largo.
Con todo, el profesor universitario apunta que la agrupación de municipios ya se ha hecho en otros países como Alemania o Reino Unido, ambos de tradición no latina, esto es, que no provienen de la distribución territorial que copió del modelo francés.
¿Qué municipios se mantendrían?
Atendiendo al criterio expuesto por el Gobierno de España, por el cual deberían desaparecer aquellos municipios con menos de 15.000 habitantes, el mapa del municipalismo canario sufriría un cambio drástico. En la isla de Lanzarote, por ejemplo, y según los datos de población del Instituto Nacional de Estadística, sólo permanecerían Arrecife, San Bartolomé, Teguise y Tías, mientras que Haría, Tinajo y Yaiza se verían obligados a desaparecer. En Fuerteventura, en cambio, se salvarían La Oliva, Pájara y Puerto del Rosario, mientras que Antigua, Betancuria y Tuineje se verían abocados a la desaparición. Otro tanto de lo mismo ocurriría en Gran Canaria, donde sólo Agüimes, Arucas, Gáldar, Ingenio, Mogán, Las Palmas, San Bartolomé, Santa Brígida y Telde estarían "salvados". El resto, Agaete, Artenara, Firgas, Moya, San Nicolás, Santa Lucía, Santa María de Guía, Tejeda, Teror, Valsequillo, Valleseco y La Vega de San Mateo pasaría a ser historia. En la isla de La Palma la criba sería aún mayor, pues sólo pasarían el corte Los Llanos y Santa Cruz, mientras que Barlovento, Breña Baja, Breña Alta, Fuencaliente, Garafía, El Paso, Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces, Tazacorte, Tijarafe y Villa de Mazo quedarían suprimidos. Los casos de La Gomera y El Hierro serían aún más sangrantes, pues ninguno de sus municipios supera por sí solo los 15.000 habitantes, de ahí que estarían "obligados" a unir fuerzas. Tenerife, la isla con más municipios -31-, también sufriría un recorte considerable, pues se mantendrían como tal Adeje, Arona, Candelaria, Granadilla, Guía de Isora, Güímar, Icod de los Vinos, La Laguna, La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, El Rosario, San Miguel, Santa Cruz de Tenerife y Tacoronte, pero los 16 restantes, Arafo, Arico, Buenavista, Fasnia, Garachico, La Guancha, La Matanza, San Juan de la Rambla, Santa Úrsula, Santiago del Teide, El Sauzal, Los Silos y El Tanque no tendrían más salida que la desaparición.