Si el dicho asegura que en política nada es blanco o negro, un auto judicial sobre el derribo del aparcamiento edificado en Las Teresitas, denominado "mamotreto", dejó en evidencia que periódicamente se producen hechos que confirman esta máxima.
Ayer mismo se hizo pública la existencia del citado auto, que debe decidir si paraliza cautelarmente o no la decisión adoptada por el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el derribo del "mamotreto".
En su día, el pleno votó a favor de echar abajo el citado aparcamiento con los votos de todos los grupos municipales excepto CC. Como un ayuntamiento no puede ir en contra de sí mismo, fueron los concejales nacionalistas, en condición de tales y con el alcalde, Miguel Zerolo a la cabeza, los que llevaron el asunto a los tribunales para que fueran estos los que acordaran "tumbar" el acuerdo del pleno, evitando de esta manera que se derribara el "mamotreto".
Los nacionalistas consideraban que es el grupo de gobierno y no el pleno quien debía decidir y solicitaron que hasta que no se dictara sentencia sobre este asunto, el juez paralizara cautelarmente el derribo.
Precisamente, la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Luz Reverón, quien admitió anoche no haber leído directamente el auto, aseguró que éste le fue comunicado por el secretario de la corporación, quien aseguró que el juzgado ha dado la razón a los ediles de CC en cuanto a que hasta que no se sepa si el pleno era o no competente, y por lo tanto el acuerdo adoptado legal, no debía procederse a una acción irreparable.
A esto se suma un documento del director técnico jurídico de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, imputado en el "caso Las Teresitas", en el que éste aseguró que las competencias para decidir qué hacer sobre el aparcamiento no corresponderían al pleno, sino a la Junta de Gobierno Local, una posición que causó el escándalo de la oposición, ya que si hubiera sido de esta forma, el secretario de la corporación no habría podido incluir la votación de este asunto en la sesión plenaria, algo que sí hizo.
Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta interpretación del auto judicial, al que por el momento han tenido acceso pocos concejales, tanto del grupo de gobierno como de la oposición, especialmente del PSC, partido que se personó junto a CC en la causa, aunque para defender la soberanía del pleno para adoptar una decisión en torno al aparcamiento.
Precisamente, fuentes de la oposición que han tenido acceso al auto niegan la versión ofrecida por CC y aseguran que, realmente, el auto niega la razón al Ayuntamiento de la capital tinerfeña, al establecer que no hay lugar para una medida cautelar ya que el acuerdo plenario sería totalmente válido y no habría que esperar a la sentencia definitiva del "caso Mamotreto".