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CORRUPCIÓN

Uno de los imputados en el "caso de Tráfico" es guardia civil

PEDRO FUMERO, Tenerife
28/may/10 7:49 AM
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La operación contra el supuesto caso de corrupción de trabajadores en la Jefatura Provincial de Tráfico incluyó la imputación de un guardia civil destinado en la Isla. Esta intervención fue desarrollada por investigadores de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedad documental (Ucrif), que depende de la Brigada Provincial de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía.

Tras realizar una exhaustiva planificación de la actuación, los policías de dicho departamento, con base en la Comisaría del Distrito Norte de la capital tinerfeña, llevaron a cabo escuchas a los funcionarios implicados, así como a las otras personas imputadas en el asunto.

Uno de esos acusados, que prestó declaración durante la noche del pasado miércoles en el Juzgado de Instrucción número 7 de Arona, fue el propietario de un desguace de coches en Guía de Isora, que es de origen venezolano e identificado como H. Una parte importante del entramado de supuestas irregularidades se desarrolló presuntamente en torno a dicha persona, que, al parecer, a cambio de dinero se comprometía a quitar descuentos de puntos, eliminar multas e, incluso, a canjear permisos de conducción emitidos en Venezuela, según una de las fuentes consultadas.

Además, otra de las personas que quedaron en libertad provisional a la espera de juicio es un ciudadano marroquí, quien supuestamente pagó una determinada cantidad de dinero para obtener un permiso de conducir aparentemente legal. Dicha persona supuestamente se halla, por ahora, en situación irregular en España. Varios de sus amigos esperaban impacientes el miércoles por la tarde a que acabara de prestar declaración.

Entre los 15 imputados por la autoridad judicial figuran cinco funcionarios de Tráfico, entre los que aparecen un jefe de Negociado y una jefa de Sección. Dos de esos trabajadores públicos se incorporaron ayer a sus puestos de trabajo, tras quedar en libertad el pasado miércoles a la espera de juicio.

Al parecer, otra de las fuentes señaló que los compañeros de trabajo de los imputados en dicho organismo nunca hubieran imaginado que dichas personas estuvieran relacionadas con un caso de estas características. Los delitos apreciados por el juez decano de Arona, Nelson Díaz Frías, son cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos y negociaciones prohibidas a funcionarios. La gravedad del caso provocó que la Fiscalía Anticorrupción haya tomado parte en el proceso.