Los sindicatos CCOO y UGT consideran que el Gobierno estatal cruzó el pasado jueves, al aprobar las nuevas medidas de ajuste en Consejo de Ministros, una de las líneas rojas de la paz social, herida poco menos que de muerte tras el anuncio que realizó la semana pasada el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de que iba a reducir los sueldos de los funcionarios y a congelar las pensiones. Por lo que avisan de que una huelga general está más cerca.
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, aseguró ayer que su sindicato “trabaja desde ya como si este país fuera a vivir una huelga general”, convocatoria que, según dijo, “depende del Gobierno que se materialice o no” si insiste en los recortes sociales y la reducción del gasto público. “Probablemente la vivamos” a causa del giro de la política económica y laboral del Gobierno a favor de “la derecha económica, de la especulación financiera y de los llamados mercados”, dijo.
Otra vuelta de tuerca
Por su parte, UGT también dio ayer otra vuelta de tuerca a su oposición “ante la deriva que está tomando el Ejecutivo con las últimas medidas aprobadas” y, según advirtió su secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, si el Gobierno impone por decreto una reforma laboral “será motivo más que suficiente para una huelga general”. “Hay más razones que el jueves” para convocarla, añadió en referencia a los recortes del gasto público que ayer fueron publicados en el BOE.
Mientras tanto, el Gobierno ya está pidiendo a los grupos parlamentarios del Congreso que permitan una tramitación urgente del Real Decreto que aprobó el jueves pasado el Consejo de Ministros, que recoge las medidas que el Ejecutivo ha diseñado para reducir el gasto.
La Unión, vigilante
La primera reunión del grupo de trabajo creado por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, para estudiar la reforma de las reglas de la Unión Monetaria definió ayer las principales prioridades y acordó acelerar los trabajos para acordar las medidas en octubre.
La Unión Europea va a endurecer el Pacto de Estabilidad y las sanciones, financieras y no financieras, para los países que lo incumplan, según pactaron ayer los países e instituciones comunitarios como medida de protección básica frente a futuras crisis.