"No todo está perdido", bajo esta consigna los representantes de todas las asociaciones ecologistas que han mostrado su rechazo a la recién aprobada Ley del Catálogo de Especies y buena parte de la comunidad científica estudian a marchas forzadas qué medidas podrían tomar para evitar que entre en vigor.

De momento todos los esfuerzos se están centrando en mantener contactos tanto con los representantes del Partido Socialista en Canarias como con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) con el objetivo de presionarles para que, argumentando un conflicto de competencias entre la administración autonómica y la estatal o un supuesto fraude de ley al tramitar el catálogo a través de una ley, no como un decreto, presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional y poder conseguir así una paralización cautelar de todas aquellas iniciativas a las que da vía libre la nueva norma canaria, como el puerto de Granadilla.

"Vamos a hacer todo lo que podamos para tratar de que esta barbaridad que se ha aprobado esta semana en el Parlamento de Canarias no suponga la destrucción de especies y de nuestra biodiversidad", aseguró ayer como responsables de Ben Magec- Ecologistas en Acción, Francisco Castro, antes de añadir que "la vía legal más clara es la del Tribunal Constitucional, pero desgraciadamente ni los ciudadanos ni las organizaciones podemos presentar un recurso en esta instancia, así que sólo nos queda que los haga el Partido Socialista -como ya se le ha solicitado formalmente- o el MARM. No obstante, estamos abiertos a todas las demás posibilidades y trabajamos en solicitar la intervención del Diputado del Común".

En este sentido, fuentes expertas en Derecho Constitucional han aclarado que el papel que puede tener el Diputado del Común "es casi anecdótico, puesto que si finalmente considera que efectivamente hay fallos en la ley o en su trámite, lo único que podrá hacer es enviar una comunicación al Gobierno de Canarias que carece de valor alguno y que no es vinculante".

Así, la principal esperanza de científicos y ecologistas de hacer llegar el asunto al Constitucional se basa en la presentación de una denuncia ante el Defensor del Pueblo en la que se acredite la vulneración de competencias estatales por parte del Gobierno de Canarias al rebajar la protección de especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Protegidas y, sobre todo, "que puede haberse registrado un fraude de ley en la tramitación, puesto que al tratarse de un procedimiento legislativo promovido por un partido político se ha evitado la participación ciudadana y técnica, cuando podría haberse realizado igualmente a través de un decreto que sí que hubiera requerido esta participación", explican estas mismas fuentes, que además indican que "existe fraude de ley cuando, utilizando mecanismos que el propio derecho contempla, se hacen acciones para llegar a un fin interesado y que bordean la legalidad".

La otra posibilidad que ecologistas y científicos contemplan es la de elevar el asunto hasta las instituciones europeas argumentando una violación del Convenio de Aarhus por el que se garantiza el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en los procesos de toma de decisiones gubernamentales en materias que afecten al medio ambiente.

Ya el eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer solicitó a la Comisión Europea este miércoles que valore la decisión del Gobierno canario de tramitar un proyecto de ley y así evitar someter el texto a información pública, por considerarlo "anómalo".