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CONGRESO-ESTATUT

Rechazan que el TC revise la constitucionalidad previa de un texto

EFE, Madrid
12/may/10 7:50 AM
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El Pleno del Congreso rechazó ayer una propuesta legislativa defendida por el PP, que sólo tuvo el apoyo de UPyD, para que el Tribunal Constitucional (TC) pueda revisar con carácter previo a su entrada en vigor la constitucionalidad de los estatutos de autonomía y sus reformas. El objetivo de la propuesta era poder suspender automáticamente la aplicación de un nuevo texto si es recurrido ante el TC hasta que éste se pronuncie mediante sentencia, lo que implicaba que mientras tanto no puede convocarse ningún referendo para refrendar el texto.

En nombre del PP, el diputado Arturo García Tizón defendió esta iniciativa, cuya finalidad -dijo- es que ningún estatuto o reforma estatutaria pueda entrar en vigor hasta "tener perfectamente clara su constitucionalidad". García Tizón consideró que si esta figura siguiera vigente, no se hubiera producido una situación como la que se vive con el Estatut.

Pero el resto de grupos vieron en la propuesta del PP una usurpación de la soberanía popular que reside en el Parlamento y alertaron de que su aprobación significaría convertir al TC "en una especie de tercera cámara", con potestad para pronunciarse sobre proyectos de ley antes de que finalice su tramitación legislativa.

Coincidieron también los distintos portavoces en recordar al PP que el modelo español es el del control de constitucionalidad a posteriori, sobre leyes aprobadas, sancionadas, promulgadas y vigentes.

Oportunismo

Jesús Quijano (PSOE) puso el acento en que el modelo de control constitucional no es ni previo ni suspensivo, sino posterior a la entrada en vigor de las leyes. Quijano criticó al PP por su oportunismo político y le afeó que haya sacado ahora esta iniciativa, en medio de la polémica sobre el Estatuto catalán, aún a sabiendas de que no llegará a las Cortes ningún texto estatutario porque no se creará ninguna otra comunidad.

Jordi Xuclá (CiU) apeló al PSOE y al PP para que afronten una reforma de la ley orgánica del TC que contemple la renovación automática de los magistrados cuyo mandato ha expirado. Dijo además que los estatutos aprobados por la vía del artículo 151 no deben ser sometidos tampoco al control posterior por parte del TC, cuando han sido sancionados en referéndum, porque eso forma parte del pacto constitucional.

Una idea compartida por Joan Herrera (ICV), quien alertó de que "la visión y los planteamientos mayoritarios del pueblo catalán podrían ser expulsados del consenso constitucional", lo que crearía un problema para todo el país.

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