Casi ocho meses después de iniciarse, el conflicto que ha enfrentado al Gobierno canario con los sindicatos de la enseñanza por el proyecto de suprimir las actuales listas de interinos y sustitutos parece estar llegando a su fin. La propuesta que planteó ayer la Administración en la Mesa General de Funcionarios Públicos ha sido bien acogida, en líneas generales, por las organizaciones sindicales, que celebran que no tenga "nada que ver" con el impopular "decretazo", cuya tramitación suspendió temporalmente el Ejecutivo hace algo menos de un mes para retomar las negociaciones.
La fórmula que propone ahora el Gobierno establece que las listas se renovarán tras cada convocatoria de oposiciones, y que lo harán mediante un baremo de méritos que incluye varios aspectos y no da tanto peso a la nota de la oposición como en el decreto.
Este sistema valora la experiencia docente y la puntuación de la fase de oposición con un máximo de cuatro puntos cada una -con lo que la nota supone menos del 30% del total-, mientras que dará tres puntos a un informe de evaluación sobre la práctica docente y otros tres a otros méritos, entre los que podrían estar los relacionados con la formación.
Aunque esta propuesta fija la obligación de presentarse a las oposiciones, elimina la nota de corte prevista en el decreto, que dejaba fuera de la baremación de la experiencia y la antigüedad a quienes no hubiesen obtenido, al menos, un 2,5. Asimismo, el Gobierno se compromete a mantener el Plan de Claustros Inestables -que estabiliza las plantillas de profesorado de los centros de las islas periféricas y zonas alejadas- durante tres o cuatro años.
"No podemos hacer un juicio negativo de esta propuesta de la Administración. Es razonable y positiva", reconoce CCOO, que "estaría de acuerdo" con el texto si se mantiene en estos términos. Para ANPE, que acudió a la Mesa junto al sindicato sanitario CEM-Satse, "la amenaza del decretazo se aleja". Más cauteloso, STEC-Intersindical admite que hay avances, pero cree que la propuesta es "insuficiente", aunque insiste en que serán las asambleas quienes decidan si ratificarla o rechazarla.