La reacción de los sindicatos al nuevo proyecto de decreto del Gobierno de Canarias que regula el diseño y ordenación de las listas de trabajadores interinos y sustitutos no se ha hecho esperar. Dos días después de que la Administración les trasladara el documento -que confirma que el criterio de experiencia y antigüedad, hasta ahora el fundamental, quedará supeditado a los resultados de las oposiciones-, las organizaciones sindicales del sector de la educación -uno de los afectados, junto a los sanitarios- se reunieron ayer en asamblea y aprobaron nuevas movilizaciones para oponerse a los planes del Ejecutivo regional que, a su juicio, se traducirán en que miles de trabajadores con años de servicio quedarán fuera del sistema.

Para empezar, los enseñantes acordaron convocar concentraciones en todas las islas el martes 16 de marzo, y concentraciones el viernes 19. Para terminar de perfilar estas acciones, el próximo miércoles se celebrará una reunión de todos los sindicatos, incluyendo los de la sanidad, así como nuevas asambleas de trabajadores.

Además de las movilizaciones, los docentes dieron su visto bueno a que en la reunión de la Mesa General de Funcionarios Públicos -en la que la Administración y las organizaciones sindicales llevan más de dos meses discutiendo el proyecto-, prevista para el próximo martes, se defienda un documento elaborado por Comisiones Obreras, FETE-UGT e Insucan en el que, entre otras demandas, se plantea que se mantengan las listas vigentes para los trabajadores con tiempo de servicio que figuren en ellas a fecha de junio de este año.

Los sindicatos sugieren que, a continuación, se sitúe el resto de trabajadores, ordenados conforme al sistema que establece la Administración. Cada vez que se convoquen oposiciones -cada dos años-, se procedería, según la propuesta sindical, a promocionar en las listas.

Claustros inestables

Asimismo, los representantes de los trabajadores reclamarán que se mantenga de forma indefinida el Plan de Claustros Inestables mientras permanezca el profesorado que actualmente lo integra. El proyecto de decreto elaborado por el Gobierno fija para este plan una vigencia de cuatro años.

Si la Administración no aceptara estas propuestas, los sindicatos estudiarán la viabilidad de recurrir el decreto, cuando finalmente se apruebe, ante los tribunales.

Por su parte, el sindicato ANPE expresó ayer su confianza en que el Gobierno "rectifique en lo que afecta a la estabilidad de los trabajadores" y aplique el nuevo sistema a quienes se presenten a próximas oposiciones.

El movimiento sindical contra la supresión de las actuales listas de interinos y sustitutos arrancó en septiembre, cuando el Ejecutivo autónomo anunció su intención de modificar los criterios que las rigen para introducir como factor fundamental las notas de las oposiciones. De hecho, en el primer borrador de decreto aparecía como el único criterio.

La tensión se relajó a comienzos de diciembre. Entonces, el Gobierno accedió a mantener un diálogo sobre el proceso y a valorar la experiencia de los trabajadores. Tres meses después, la Administración ha puesto sobre la mesa un nuevo proyecto, pero en él el criterio de antigüedad sólo se contempla en el caso de los opositores que obtengan al menos un 2,5 en los exámenes, y siempre después de los aprobados sin plaza, lo que, a efectos prácticos, "condena" a la mayor parte de los interinos y sustitutos, según los sindicatos de la educación.