El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, presentó ayer a los consejeros de las comunidades autónomas un documento con 104 propuestas para reformar el sistema educativo y articular un pacto social y político en torno a la enseñanza. En el documento han llamado la atención dos medidas: la obligación de que cualquier cambio legislativo en materia de educación exija el apoyo de, al menos, dos terceras partes del Parlamento, y la flexibilización del cuarto curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) para que ayude a orientar a los alumnos a la hora de decidirse entre el Bachillerato y la Formación Profesional.

"No queremos que ninguna nueva medida sea imperativo del Gobierno, sino que se acepte de forma consensuada", aseguró Gabilondo, tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, para explicar este refuerzo de la mayoría necesaria para cambiar las leyes educativas y favorecer la estabilidad normativa.

En cuanto a la nueva orientación que se pretende dar a cuarto de la ESO, busca evitar el abandono temprano de los alumnos y se perfila como una opción que podría satisfacer al Partido Popular y a otras organizaciones que han expresado la necesidad de ampliar el Bachillerato.

Además, con vistas a la cohesión del sistema, habrá una evaluación externa, competencia del Instituto de Evaluación, en sexto de Primaria y tercero de Secundaria.

Cada año se formularán propuestas de medidas específicas para objetivos concretos vinculados a una memoria económica, con aportaciones del Gobierno central y de los autonómicos.

El ministro también defendió la necesidad de conseguir que los alumnos sigan formándose al menos hasta los 18 años, aunque no obligatoriamente, para que en 2020 el 85% de los jóvenes tenga un título que asegure su empleabilidad.

"En torno al 22 de febrero, una vez que los consejeros autonómicos hayan analizado todas las propuestas, presentaremos un nuevo texto que será debatido en la próxima Conferencia Sectorial de Educación, que celebraremos a finales de mes" (está prevista inicialmente para el 25 de febrero), avanzó Gabilondo, quien, en este sentido, se mostró "optimista" con que para esa fecha queden cerradas las negociaciones.

Las autonomías gobernadas por el PP mostraron su disposición a llegar a un pacto, aunque pidieron un "mayor esfuerzo" en la cuestión lingüística y en lo referido a la libre elección de centros.