El Gobierno de Canarias hará públicos a finales de este mes los planes territoriales especiales de grandes equipamientos comerciales, la clave que dibujará el mapa de este sector en los próximos años, tras la liberalización que conlleva la aplicación, desde el pasado 29 de diciembre, de la Directiva comunitaria conocida popularmente como Bolkestein.

Así lo adelantó a este periódico el director general autonómico de Comercio, Arturo Cabrera, quien, una vez iniciado el proceso de consultas con el periodo de información pública, confía en que los planes, "en los que se viene trabajando cerca de dos años", se aprueben a finales de 2010.

"Se han ido consensuando con todos los cabildos -los planes son de ámbito insular- porque, aunque la competencia es del Gobierno de Canarias, vamos de la mano para que los corroboren luego". Cabrera destacó que estos instrumentos, de los que se ha encargado la empresa pública Gesplan, aclararán "qué áreas son susceptibles de albergar equipamientos, y van a dar una gran seguridad jurídica a las administraciones y a los inversores".

En este punto, cabe destacar que la Confederación Regional de Comercio de Canarias (Coreco) ha advertido de que la nueva Ley Reguladora de la Licencia Comercial de Canarias, mediante la que el Archipiélago ha adaptado la Directiva 2006/123/CE, carece de una disposición transitoria con el suficiente empaque para regir con seguridad la instalación de grandes superficies en las Islas hasta que entren en vigor los planes insulares. No lo cree así, en cambio, la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca).

En la citada Ley, que fue aprobada por el Parlamento de Canarias el pasado 10 de diciembre, se establece que en ese intervalo de tiempo la concesión de licencia comercial habrá de llevarse a cabo teniendo en cuenta las determinaciones del planeamiento municipal, siempre que no entre en contradicción con los criterios -ya no económicos- incluidos en la nueva normativa.

"Esto colma todas las expectativas", subrayó Cabrera, en alusión a que los planes insulares plasmarán la defensa del territorio y el medio ambiente de la que se ha servido Canarias para atenuar los efectos de la liberalización impulsada desde Bruselas. "Hasta ahora se alegaba saturación comercial o se fijaban zonas de atracción; eso está ya eliminado, y ahora se culmina el trabajo en pos de la transparencia y la seguridad".

De momento, según el director general, la crisis frena las potenciales inversiones de las grandes firmas, a las que afectarán estos planes: "Esto es la ley de la oferta y la demanda. Muchos proyectos se han quedado paralizados, sobre todo desde finales de 2008, y hasta que no cambien las circunstancias económicas y éstas sean más atractivas, no los habrá".

Por ahora, el consejero del área, Jorge Rodríguez -que, a la postre, es quien concede las licencias-, "no tiene ninguna solicitud", añadió Cabrera, que considera infundado el "temor generalizado" a que la entrada en vigor de la Directiva se tradujera en una masiva petición de establecimiento en las Islas.

Medidas de apoyo

"Si las cosas fueran bien -continuó-, tendríamos una cola tocando aquí en la puerta. Ojalá fuera de esa manera, aunque confiamos en que la economía se reactive a lo largo de 2010 y que las inversiones que aguardan rentabilidad generen finalmente empleo".

Por otro lado, para este año, la Consejería mantiene sus líneas principales de apoyo al sector, destacó: "A pesar de los ajustes presupuestarios tan fuertes que hemos sufrido, en la Dirección General hemos podido mantener las inversiones en el programa de zonas comerciales abiertas, el más fuerte, pues ha atraído más de 50 millones de euros hasta ahora en más de 50 municipios, con unos resultados muy satisfactorios en la rehabilitación empresarial. En 2010 vamos a mantener las cifras de 2009, y se va a firmar un convenio hasta 2015 en el que trataremos de superar las inversiones que hemos realizado en estos años".

También resaltó que el Ejecutivo impulsará una línea de financiación del fondo europeo Jeremie (vinculado al desarrollo regional) para las pequeñas y medianas empresas, del que confía en que se aprovechen las del comercio. "Contará con 20 millones de euros -el 50% a cargo de Canarias y la otra mitrad de la Comisión Europea- para quien cree una empresa o para las que demanden circulante".