En Santa Cruz de Tenerife hemos sufrido una serie de catástrofes naturales tales como una riada en el año 2002 o como una tormenta tropical (Delta) en el año 2005, pero jamás pensamos que nuestros gestores públicos "arrasarían" nuestro municipio con más virulencia que estas catástrofes naturales.

Estábamos digiriendo el llamado "caso de Las Teresitas", que nos ha colocado en los primeros puestos en el ranking de la corrupción, donde los terrenos en torno a esa playa han sido expropiados, recalificados y vueltos a vender. A raíz de esa operación, el actual alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, ha sido en el año 2007 imputado formalmente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y cohecho. El Tribunal Supremo ha anulado la compraventa de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas por ser "contraria al ordenamiento jurídico" y a fecha de hoy la sentencia sigue sin cumplirse por "maniobras dilatorias" emprendidas tanto por los vendedores como por el ayuntamiento. La Intervención General de la Administración del Estado, en un informe, ha calificado esta operación como "pelotazo de libro".

No contentos con estas y otras operaciones similares, que ya constan en la Fiscalía Anticorrupción, nuestros gobernantes pretenden aprobar un Plan General que nos ha costado a los santacruceros la nada desdeñable cantidad de mil millones de pesetas (seis millones de euros) y que deja fuera de ordenación a más de 40.000 viviendas con el único fin de desplazar los aprovechamientos urbanísticos hacia las parcelas en las que algunos empresarios afortunados van a elevar, a pocos metros de las fincas dejadas fuera de ordenamiento, torres de hasta doce alturas. Curiosa coincidencia que los nombres de los empresarios afortunados sean algunos de los que figuran imputados en casos de corrupción o hayan sido o sean altos cargos políticos de los partidos que llevan treinta años gobernado en estas Islas. La concejal de Urbanismo ha mentido a los santacruceros al decir que los inmuebles considerados fuera de ordenación no suponen una carga ni merman los derechos de los propietarios. Tanto el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad como Ausbanc han confirmado que la catalogación de una vivienda como fuera de ordenación implica, en la inmensa mayoría de los casos, que ésta pierde valor. Aseguran que estar fuera de ordenación implica una afección que restringe las expectativas de revalorización de las edificaciones que en una situación normal tiene cualquier edificación. Pero es más, el propio secretario del Ayuntamiento escribió siendo jefe de los Servicios Jurídicos un capítulo en un manual para opositores a la administración pública canaria titulado "Veinte años de derecho urbanístico canario" en el que dice que "no cabe duda de que la aplicación del régimen fuera de ordenación supone importantes limitaciones del contenido de derecho de propiedad que puede facultar, incluso a la administración urbanística, para expropiar o demoler las viviendas afectadas". Esto es síntoma inequívoco de que se trata de una trama perfectamente orquestada y que al igual que en Las Teresitas el alcalde es el "colaborador necesario" para menoscabar los derechos y las ilusiones de los santacruceros expoliando sus propiedades.

Aquellos vecinos alertados por la Plataforma Ciudadana de la inminente tropelía acudimos a los dos últimos plenos para defender nuestros derechos y, con sorpresa, vimos cómo el alcalde ordenaba cerrar las puertas del ayuntamiento. Hemos sufrido la prepotencia de un alcalde que no quiere escuchar a los vecinos y amenaza con aprobar un plan cuyas nefastas consecuencias aún ni siquiera hemos podido valorar.

Ante esto, el pueblo de Santa Cruz, que siempre se ha caracterizado por ser un pueblo resignado, prueba de ello es la conformidad, tolerancia y paciencia con que ha soportado "esta democracia", ahora parece que empieza a rebelarse y ha convocado a los vecinos para defenderse del peligro que supone para ellos los actuales gobernantes en el pleno que a tal efecto se celebrará el 4 de enero, presumiblemente a las 10 horas.