El colombiano Carlos Alberto Ruíz Socha, secretario adjunto de la Federación de Derechos Humanos (DDHH) de España, manifestó ayer a EL DÍA que la sociedad está atravesando "una crisis ética" que lleva a que se vulneren los derechos de muchas personas, "en un momento de crisis global (económica o ecológica)", precisamente cuando hoy se celebran los 61 años de la Declaración Universal de DDHH.
Ruíz Socha tuvo que salir de su país en 1997 por estar amenazado, "algo que sigue sucediendo", aseguró. Es el primer caso de defensores de derechos humanos acogido por la sección española de Amnistía Internacional y ayer impartió una charla en Tenerife sobre esta materia, donde indicó que los costos de la crisis los pagan los más pobres del planeta.
"Es una crisis ética porque más de mil millones de seres humanos pasan hambre en el mundo, mientras que gran parte de la población mira para otro lado y esta triste situación no afecta a los grandes centros de decisión del planeta", explicó. Matizó que en el mundo "se produce el cuádruple de alimentos que necesita la población mundial, pero no llega a todos".
En su opinión, "la gente tiene derecho a comer y las personas no tendrían que desplazarse de su zona por el cambio climático".
Este abogado ha estudiado en profundidad conflictos en Colombia, Palestina o Sahara. Además, conocedor de las experiencias de defensa de los derechos humanos en situaciones de conflicto, y, muy concretamente de su país natal, manifestó que en Colombia "se habla de los secuestros que tiene la guerrilla, pero no de los 15.000 secuestrados desaparecidos por parte del gobierno colombiano, algo especialmente grave, porque los estados son los que deben garantizar y salvaguardar los derechos".
Para Ruíz Socha, "es preocupante que en Colombia se contabilice cada año más cantidad de muertos que en los 17 años de dictadura de Pinochet, según informes de Naciones Unidas, que tiene registros fiables de violaciones de derechos".
Por ejemplo, recordó que el 4 de julio de 1990 desapareció en Colombia el abogado Jesús Alirio Pedraza Becerra, conocido defensor de los derechos, "en un marco de democracia formal, debido a que la Constitución colombiana es de las más avanzadas del mundo, porque reconoce derechos para los niños, ancianos o indígenas, pero el 65% de la población vive en la pobreza absoluta y de ellos 7 millones viven en la indigencia".
Respecto a Aminatu Haidar manifestó que se trata de un testimonio ético y "debemos tomar nota de que hay una persona dispuesta a llegar a las últimas consecuencias para hacer valer unos derechos que afectan a todo un pueblo", aseguró.
"Aminatu refleja que hay un problema en Marruecos, que se prolonga en años, a pesar de que en Derecho Internacional existen las herramientas necesarias para resolverlo" y puso de manifiesto que es un testimonio que se repite, "igual que un buen amigo mío, el presidente de la Asociación Saharaui de las Víctimas de Graves Violaciones de los DDHH cometidas por el Estado marroquí, Brahim Dahane, que fue detenido hace mes y medio, junto con otros seis activistas saharauis.
"En este caso hay una responsabilidad compartida en las irregularidades cometidas, tanto por las autoridades marroquíes como de las españolas", manifestó este colombiano que desde muy joven lucha por los DDHH.