El cambio de modelo productivo hacia una economía basada en el conocimiento es uno de los objetivos prioritarios -y de los más publicitados- de las distintas administraciones en los últimos tiempos, especialmente desde la irrupción de la crisis económica. En este proceso resulta imprescindible agilizar la transferencia de los resultados de la investigación que se realiza en los centros públicos -entre ellos las universidades- a las empresas.

La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, dependiente del Ejecutivo regional, ha encomendado a la firma RCD Asesores Legales y Tributarios la elaboración de una guía que facilite esta tarea. De este documento se desprende que las complicaciones normativas son el principal escollo para que la tecnología que sale de los centros públicos llegue al sector privado. Para superar esta situación es necesario flexibilizar el "entorno jurídico" y generar mecanismos de financiación "creativa", según explica Ignasi Costas, socio de RCD, que se ha encargado de dirigir la publicación.

"La solución es favorecer la financiación creativa", insiste Costas. Se trataría de crear entidades de capital riesgo que permitan financiar iniciativas privadas surgidas de centros públicos de investigación, fondos público-privados que posibiliten financiar "no ya iniciativas empresariales, pero sí desarrollos tecnológicos. Puede ayudar muchísimo. Hay iniciativas parecidas en otros lugares y pueden ser una solución en Canarias", avanza el director de la guía.

Las dificultades que representa el entramado legal no son exclusivas de las Islas, ya que proceden de la normativa nacional. "El entorno jurídico es profundamente complicado en toda España", señala Ignasi Costas. En la Comunidad Autónoma este problema afecta de forma especial al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), que es, según el abogado, "extraordinario en cuanto a sus capacidades, resultados y volumen de investigadores", pero que, como entidad pública que es, sufre las complicaciones que se derivan de la normativa.

Y es que son los centros públicos no universitarios los más perjudicados en este sentido. "Las universidades no son el lugar más complicado para transferir; todo lo contrario, desde el punto de vista jurídico son el más sencillo", asegura Costas.

De hecho, las instituciones académicas se han visto beneficiadas por la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) operada en 2007, que ha introducido la posibilidad de que los investigadores funcionarios asuman participaciones por encima del 10% en las empresas "spin-off" -compañías de base tecnológica surgidas de una iniciativa universitaria-. "Esperamos que la nueva ley de ciencia y tecnología que está en trámites dé solución a los centros de investigación que no son universitarios", dice Costas.

Falta de tradición

Los obstáculos que de forma específica pueda encontrar Canarias obedecen también a la falta de tradición investigadora y de transferencia. "Es evidente, porque la dificultad geográfica influye", concede Ignasi Costas, quien recuerda, asimismo, que la economía del Archipiélago "no ha estado basada en el conocimiento y aún no lo está". Sin embargo, aclara, en el Ejecutivo regional hay "una voluntad de cambio radical que es muy positiva" para superar esta situación.

"Hay una intención por parte del Gobierno de que la generación y transferencia de investigación sea una prioridad y así convertir las Islas en un polo de atracción sectorial para determinadas actividades de investigación. Trabajo también con capital riesgo y hay gente de Estados Unidos que me habla de Canarias como polo de atracción", relata el abogado de la firma catalana.

Costas hace referencia también a la Universidad de La Laguna, a la que asesora en materia de transferencia de conocimiento y "spin-off". Por su experiencia con el centro docente tinerfeño, éste "tiene proyectos con potencialidad para superar las fronteras españolas y salir a Europa y fuera de ella".

Preguntado por el recorte que el Gobierno central ha introducido en los presupuestos destinados a investigación para el próximo año, el abogado apunta: "Es obvio que hablar de sociedad de la información y al día siguiente reducir presupuesto no es algo coherente". Mientras, el Ejecutivo canario ha optado por la opción contraria y ha anunciado el incremento en unos cuatro millones de euros de las partidas destinadas a la Agencia Canaria de Investigación y la Innovación.