El consejero de Presidencia del Gobierno canario, José Miguel Ruano, aplacó el lunes los ánimos de la mayoría de los sindicatos de la enseñanza y la sanidad al anunciar que la norma que regulará las listas de trabajadores interinos y sustitutos será negociada y que, al contrario de lo que se había dado a entender hasta ahora, incluirá el criterio de experiencia, y no sólo el de las notas de las oposiciones.

Sin embargo, puede que las intenciones que alberga la Administración en este sentido no satisfagan a las organizaciones sindicales, pues, según ha podido saber este periódico, su idea es que las calificaciones obtenidas en las oposiciones se configuren como el criterio determinante a la hora de ordenar las listas, y que el de experiencia quedará subordinado a él, lo que seguiría suponiendo un obstáculo para buena parte de los interinos y sustitutos, docentes de cierta edad con mayores dificultades de sacar adelante las pruebas.

Representantes del colectivo de aprobados sin plaza en las oposiciones de educación -que han denunciado ante los tribunales el sistema vigente de gestión de las listas de reserva- se han reunido estos días con el viceconsejero de Educación, Gonzalo Marrero, y con la viceconsejera de Administración Pública, María Auxiliadora Pérez. En ambos encuentros, los aprobados y el Gobierno coincidieron en la conveniencia de incorporar el criterio de experiencia y, por tanto, en la oportunidad de retirar el borrador de orden.

Los representantes de la Administración avanzaron que el sistema que proyectan impulsar coloca en los primeros puestos de las listas a los aprobados que no hayan accedido a una plaza en las oposiciones y, a continuación, a los suspendidos, siempre que hayan obtenido al menos un 2,5. Sólo entonces se les valorará la antigüedad y servicios prestados.

Las listas de reserva se reordenarán cada dos años, coincidiendo con las oposiciones, con lo que se anulará el Segundo Protocolo -cuya vigencia defienden los sindicatos-, que regula el sistema en el ámbito de la educación, y que sólo permite la inclusión y promoción en listas cada cuatro años.

La normativa regirá en todos los ámbitos de la Administración y, por ello, no se negociará en mesas sectoriales, otra de las demandas de las organizaciones sindicales.

Los aprobados sin plaza sugirieron que el sistema contemple como mérito el haber aprobado en algún momento unas oposiciones, una propuesta que, según un portavoz del colectivo, fue mejor acogida por la Viceconsejería de Administración Pública, que se comprometió a estudiarla, que por la de Educación.

Pese a que en las reuniones no se habló de la demanda que los aprobados han interpuesto contra el actual sistema, el colectivo está analizando la posibilidad de presentar una "segunda tanda" de reclamaciones para nuevos afectados que se han dirigido a ellos. En este sentido, los aprobados sin plaza esperan una respuesta del Gobierno a la situación en que el sistema vigente les ha colocado.