El proyecto de Plan General de Ordenación de Tacoronte, que promueve el gobierno de Coalición Canaria como instrumento del desarrollo urbanístico del siglo XXI, ha despertado la inquietud y preocupación en sectores sociales y vecinales por las afecciones patrimoniales que representa su aplicación en zonas del casco urbano y la periferia. Viviendas, fincas, casas de estilo tradicional y hasta un centro docente se ven afectados, inicialmente, sobre plano, por la actual propuesta de planeamiento, que se encuentra en período de información pública desde el siete de septiembre al siete de noviembre. Una de las principales novedades del documento de planeamiento, que sustituirá al vigente desde 1995, fija la población de los próximos 30 años en torno a los 46.000 habitantes, casi el doble que la actual, para lo que prevé un considerable aumento en unidades de actuación para facilitar la construcción de viviendas, zonas verdes y de uso público. Asimismo, como ha adelantado este periódico, en el avance se recoge un catálogo mucho más amplio del conjunto histórico de la ciudad y enriquece su valor patrimonial. También se consolidan los núcleos urbanos, como el casco, que ya existen para evitar una posible invasión del suelo rústico. Así las cosas, el planeamiento urbanístico incluye 250.000 metros cuadrados para sistemas generales y espacios libres y mejora las expectativas de las comunicaciones terrestres con la implantación del futuro intercambiador de transporte.
Un parque empresarial quedará emplazado en la zona industrial, según se recoge en el documento inicial objeto de debate.
Sin embargo, los cambios que se proponen en áreas periféricas han chocado con los derechos e intereses vecinales que dicen ser perjudicados.
El grado de disconformidad es tal que los vecinos y entidades afectadas han formado una plataforma contra el Plan General de Ordenación propuesto por el equipo de gobierno y se ha convocado una concentración para el próximo jueves, día 29 de los corrientes, a partir de las seis de la tarde, en la plaza del Santuario del Cristo de los Dolores, para exigir de la administración que redefina o retire el proyecto. Está en juego, según coinciden en señalar, el modo de vida tradicional y el propio concepto de ciudad campo, así como las economías de pequeñas explotaciones agrícolas, comerciales e industriales.
La plataforma vecinal contra el nuevo Plan General de Ordenación está integrada por afectados de los barrios de Santa Catalina-La Estación-Guayonje, Barranco de Las Lajas, Agua García, El Peñón-Campo de Golf, Las Toscas, La Caridad y El Torreón.
Las seis unidades de actuación previstas en el barrio de Agua García afectarán a más de 300 vecinos, según indicaron los representantes de la plataforma en esta zona, Jesús Francisco Pagés y Tomás González.
Tomás González precisó que "en este planeamiento no se tiene en cuenta la idiosincrasia del pueblo y se pretende desarraigar. Aquí prima la especulación urbanística en detrimento de los terrenos dedicados a la agricultura, de muchas huertas y cultivos. Aquí hay un parque de ecoturismo cerrado y ahora quieren promover una casa rural que afecta a 40 vecinos. He notado que los constructores campan a sus anchas desde que este gobierno rige los destinos del municipio. El espacio verde nuestro paga su ampliación urbana. Más vale un terreno de cien metros junto a la casa que 500 metros a 10 kilómetros.
El Barranco Las Lajas sufrirá un impacto considerable de aplicarse el nuevo planeamiento urbanístico, debido al retranqueo que experimentarán viviendas por la ampliación de la red viaria, incluso casas consolidadas con una antigüedad de 60 años podrían quedar fuera de ordenación.
El Torreón y La Caridad también analizan el plan para presentar alegaciones, dado que se verán seriamente afectados por las unidades de actuación y el proceso de urbanización intrínseco.