La Plataforma por los Derechos Humanos contra el Racismo y la Xenofobia. Tod@s somos migrantes ha convocado para este sábado dos manifestaciones en Canarias con las que pretende que se muestre el rechazo mayoritario de la sociedad a la reforma de la Ley de Extranjería que actualmente se está debatiendo en el Congreso de los Diputados.

En concreto, a las 12:00 horas del sábado habrá una concentración en la santacrucera plaza del Príncipe, y a la misma hora, pero el día siguiente y en la plaza de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, comenzará una manifestación, tal y como explicaron ayer en rueda de prensa el secretario del Patio de las Culturas, Zeine Ould Sidi, la representante de la Plataforma Soy Inmigrante, Beatriz Cruz, y la representante del colectivo Justicia y Paz, Inmaculada Díaz.

"Queremos unirnos al movimiento estatal que ya existe y que rechaza las reformas que se pretenden llevar a cabo en la Ley de Extranjería", explicó el miembro del Patio de las Culturas.

Por su parte, Beatriz Cruz recordó que en la Península ya se está llevando a cabo una "Marcha por la Igualdad" en protesta a los cambios normativos que se están planteando. "Son centenares de personas, entre los que hay gente de 17 nacionalidades que han salido caminando de Barcelona el día 27 de septiembre y que llegarán a Madrid el próximo día 25. En cualquier caso, quien quiera conocer más de esta iniciativa puede hacerlo a través del blogspot.puentehumano".

Así las cosas, las protestas previstas en las dos capitales canarias se unirán a una decena más que hay en numerosos puntos del país como Madrid, Barcelona, Bilbao, Murcia, Alicante, Murcia o Málaga.

Tras la celebración de los actos de reivindicación, responsables de la plataforma leerán un manifiesto en el que justifican su rechazo, ya que, a su juicio, "lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona".

"Esta reforma intensificará las medidas de persecución, sanción y castigo y contribuye a criminalizar a las personas de origen extranjero y a hacer más precaria la situación del colectivo. Faltas administrativas que para un nacional suponen una multa económica, para un extranjero pueden llegar a suponer la detención y el internamiento por un periodo de hasta 60 días en un centro que ofrecen menos garantías que las cárceles, y que ya han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo".

Además, el manifiesto asegura también que "se utiliza la crisis económica como justificación de una ley populista que no va resolver los problemas económicos y que seguirá desviando la atención sobre las causas reales y los responsables de la crisis, convirtiendo a lo migrantes en nuevos chivos expiatorios.